La falta de responsabilidad en el cargo de algunos servidores  públicos lleva a sucesos desafortunados y en lo que se refiere al Paso Exprés Cuernavaca, inversión de carácter federal, quienes han puesto oídos sordos a las quejas, que de toda naturaleza surgen de todos lados por las malas condiciones de esa vialidad, pueden comenzar a enfrentar problemas legales muy serios. El más visible José Luis Alarcón Ezeta, director del centro SCT Morelos.

Hace buen rato hemos venido dándole voz a  expresiones surgidas desde el ámbito social que advertían de graves errores e inconsistencias, que han cobrado muchas vidas humanas y ante lo cual sólo se aprecia el silencio, que visto desde el lado legal, sí puede ser causa de responsabilidades por omisión. Lo que ocurrió ayer, poco antes del amanecer, tiene que ver con todo lo anterior, ese socavón que mantuvo cerrada la vía por mucho tiempo al tránsito vehicular es consecuencia de un proyecto mal desarrollado y planeado por la Federación, que tampoco se ajustó a los estándares de calidad, porque en algunos tramos, asemeja a una vialidad vieja y en deterioro.

El colmo pues fue que a escasas semanas de haberse inaugurado, los efectos de las lluvias provocaran una grieta mortal que atrapó a dos víctimas, padre e hijo, y que refleja el alto grado de irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de cuidar y vigilar que las cosas se hagan bien, pero sobre todo que los recursos públicos –dinero del pueblo- se ejerza como corresponde. Pero además, para eso se les paga a los funcionarios y mire que ganan bastante bien, porque no sólo se trata de sus ingresos en nómina, hay indicios, en el caso que nos ocupa, de que figuras públicas están detrás de empresas que manejan contratos del gobierno federal, o sea son juez y parte.

Pero volviendo a lo legal, la Barra de Abogados del Estado de Morelos, a través de su presidente Miguel Ángel Rosete Flores, ha advertido que iniciará una denuncia formal en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de quien la preside, Alarcón Ezeta, precisamente porque no han dado respuesta a reclamos sociales que tienen que ver con los desperfectos del Paso Exprés.

El abogado asegura que van más de 400 muertos (quizá se refiera en realidad al número de accidentes en esa vía) provocados por las malas condiciones de la obra e implícitamente se exige la apertura de los carriles centrales, a fin de que un mayor número de morelenses sean beneficiados. Es decir, hasta ahora el tema era meramente social, pero la cerrazón de las instancias oficiales llevará a una lucha en los tribunales.

Se nos antoja que con una poquita de visión se pueden resolver muchas cosas y evitar que una inversión de tal magnitud acabe siendo satanizada y repudiada, sólo porque no se tiene la sensibilidad para responder a las demandas colectivas que hace rato advertían que la situación estaba mal.

Cualquiera que use el Paso Exprés de manera cotidiana da fe de los desperfectos. Un taxista decía que se carece de señalamientos claros y precisos, que las curvas están mal diseñadas y cuando el conductor se da cuenta ya está en el otro carril, con riesgo de provocar un accidente y que además hay zonas en las que pareciera tratarse de una carretera vieja y en verdad que tiene razón.

Las instancias “competentes”, respecto al hundimiento de ayer se excusan en que se trataba de una alcantarilla que ya estaba ahí antes de la construcción del Paso Exprés; o sea, se busca evadir la responsabilidad, cuando no hay manera de hacerlo. Todo mundo se dio cuenta de la manera tan irresponsable con la que se trabajó la obra. Los vecinos de la carretera estuvieron siempre denunciando que nunca se pensó en desagües de agua pluvial, que se construyeron muros en lugares donde era improcedente, porque al corto plazo sus casas serían dañadas, como ha venido ocurriendo.

No se respetó la infraestructura de servicios que van de un lado a otro en todo el trayecto y por lo que ahora se ve, no previeron incidentes como el ocurrido, porque tenía que haberse protegido esa alcantarilla con muros resistentes de contención y losa reforzada.  Más de 400 accidentes son demasiados para un acceso con apenas unos meses de funcionamiento. Hablamos de seres humanos, no es poca cosa y la responsabilidad de algunas figuras gubernamentales parece ser muy clara, por lo tanto alguien deberá pagar por tales omisiones, porque no puede ser posible que sigan pasando estas cosas como si nada.

En el desarrollo de proyectos de vialidad como éste hay normas y especificaciones muy claras, que tienen que ser ejecutadas por las empresas constructoras, que generalmente son privadas y que ganan los contratos por concurso y licitación pública. Precisamente el propósito de tales licitaciones es asegurarse de que sea la mejor oferta, aquella que ofrece mayor calidad con precios razonables y tiempos concretos, la que sea beneficiada.

Y mire que si hay ventajas, porque los márgenes de ganancia son bastante bondadosos, suele ser entre el 20 y 30% del monto total, de tal forma que en el caso en referencia, donde se habla de una inversión cercana a los tres mil millones de pesos, el constructor se viene llevando cientos de millones, y aquí debió ser mucho más, porque los materiales no fueron de primera, menos los acabados.

Y si los contratistas no cumplen con las especificaciones del contrato, pues se les puede revocar, además existe la responsabilidad oficial de darle estricto seguimiento y supervisión, todo eso viene previsto en los documentos que comprometen a empresarios y autoridades, pero se aprecia que se actuó a la ligera por parte de ambos lados.

Dado que existen claras muestras de incapacidad para resolver vía la delegación respectiva en Morelos esa problemática, lo más prudente es que el tema llegue a México y sea desde allá de donde se tomen determinaciones más sensatas y en función de la seguridad de quienes utilizan dicha vialidad, que ya cobra fama como el “paso de la muerte” y no es para menos.

Lamentablemente esta clase de sucesos suelen ser cotidianos en nuestro país; obras mal ejecutadas, inconclusas, en muchas ocasiones abandonadas, sobre todo cuando se trata de proyectos transexenales. Un ejemplo es el puente Apatlaco, que conectará de manera directa a Cuernavaca con el Aeropuerto Mariano Matamoros, al sur de la capital, que debió concluirse en la administración anterior y sigue en veremos.