En todo lo que tiene que ver con la desgracia ocurrida en el Paso Exprés de Cuernavaca, el pasado 12 de julio, ha faltado profundizar en algunos aspectos, sobre todo legales, porque acorde con la opinión de un conocedor en esa materia, vertida a La Unión de Morelos, se han presentado situaciones bastante complicadas que no corresponden al marco legal en lo que se refiere a la Ley de Obra Pública.
Más allá de la polémica respecto a la reparación de daños, a la indemnización que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deba dar a los familiares de los difuntos, tiene que darse una explicación en relación a la inversión aplicada en ese proyecto, porque el presupuesto que finalmente se dio a conocer rebasa en 100 por ciento lo programado originalmente.
Y es que el personaje en cuestión, quien entre otros cargos ha sido secretario de Obras del Ayuntamiento capitalino, recuerda que conforme a la ley antes mencionada, ningún proyecto puede rebasar el 25% de la proyección prevista, de otra manera, se tiene que invalidar el primero para la elaboración de otro proyecto ejecutivo que agregue costos adicionales.
O sea que en lo relacionado al Paso Exprés, cuyo costo total estaba calculado en unos mil 45 millones de pesos, sólo podía llegar a unos mil 250 millones, pero ahora se indica que se requirieron algo así como dos mil 240 millones, cosa que viola toda norma en esa materia y que reclama la intervención en las instancias competentes a fin de exigir una explicación a quienes posibilitaron que lo anterior ocurriera.
Otro punto igualmente de trascendencia es que tampoco se ha ofrecido hasta el momento, cual fue el resultado del estudio de la mecánica de suelos, que necesariamente se debió levantar en el trayecto de dicha vialidad, porque ahí se tenía que reflejar si existían riesgos y fallas, que tenían que haber sido remediadas antes de dar por concluidos los trabajos e inaugurado el paso vehicular.
Pero mire lo que se ha estado evidenciando, que en ese tramo, que al parecer era el de mayor peligro, no se utilizaron varillas, cosa por demás descabellada, porque tenía que contar con material de esa naturaleza que es el que le da resistencia. Lo extraño es que los colegios de ingenieros, que se supone conocen perfectamente todo este tipo de detalles, no hayan hasta ahora levantado la mano para que les permitan el expediente técnico a fin de valorar todas las omisiones y dar una opinión pública al respecto.
Y el ex funcionario en cuestión refería que como ocurre en materia del delito, aquí el caso del socavón es incluso oportuno para que estudiantes de la carrera de arquitectura de la universidad que sea, intervengan para analizar algo que les enseñará muchas cosas a lo largo de la vida profesional. Conjuntamente con el Colegio de Ingenieros se debe hacer un estudio, cuyo resultado se denomina “práctica forense”.
Nos encontramos en un asunto en el que existen muchas vertientes que no se han revisado y que llevan a faltas gravísimas, porque se desarrolló un proyecto que no se ajustó a normas fundamentales y hasta se violó la Ley de Obra Pública de la manera más aberrante. Sin embargo, causa extrañeza que quienes saben mucho de estas cosas continúen guardado silencio y con ello convirtiéndose en cómplices de estas desgracias.
Se han dado casos en los que por acontecimientos mucho menores que éste, los profesionistas en la materia han alzado la voz y puesto en evidencia presuntos actos de corrupción, pero hoy que en verdad la sociedad los necesita, no dan la cara y eso es ya materia de discusión en algunos sectores de la población que con mucha razón sospechan de otras cosas.
Pero la SCT no quiere enfrentar el problema, ayer se convocó a una reunión casi de carácter urgente, que se realizó en Palacio de Gobierno, donde estuvieron los representantes de la Secretaría de Gobernación (SG), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) y desde luego debía asistir alguien de comunicaciones y transportes, pero nunca llegó.
Le siguen dando la vuelta a un tema que requiere de atención, a fin de poder superar todos los inconvenientes que exhibe hoy día. Pero además, el propósito era precisamente llegar a acuerdos conjuntos para desarrollar trabajos de mejora integral en algunas otras partes de esa vía rápida, sin embargo, los resultados fueron a medias, porque el actor principal decidió dejarlos plantados.
Habrá que esperar si la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública y otras instancias federales con competencia en todo aquello que tiene que ver con la revisión de inversiones derivadas del erario público, cumplen con su responsabilidad, porque hasta para quienes poco sabemos de eso nos queda claro que ahí se cometieron un sin número de faltas que obligadamente llevarían a fincar responsabilidades a servidores públicos, como el ex director del sector SCT Morelos José Luis Alarcón Ezeta.
Y por cierto, en lo que toca a este personaje, no se sabe si se le sigue algún proceso legal o investigación para que rinda cuentas de su actuar, cuando lo primero que se tenía que hacer es incluso no dejarlo ir hasta que ofreciera alguna explicación; sin embargo se le destituyó, pero pareciera que con la finalidad de protegerlo y sacarlo de en medio del fuego en el que se encontraba.
Éste, reiteramos, ha sido un golpe más a la economía morelense, el flujo de turistas o viajeros, así fuera de paso por el estado, disminuyó sensiblemente, por el escándalo nacional que ha significado el famoso socavón, del que se habla en todos los rincones del país. Bueno, se afirma que un importante porcentaje de quienes desde la capital del país acostumbraba cruzar por nuestra entidad para ir al puerto de Acapulco cada fin de semana, lo vienen haciendo ahora usando vías alternas, ya sea por Puebla o por el Estado de México, saliendo rumbo a las grutas de Cacahuamilpa y de ahí hacia la costa sureña.
Habrá que darle algo de tiempo a las autoridades para que entreguen cuentas sobre el caso, pero ya vemos indicios de que se busca alargar las cosas para ir limpiando expedientes, a fin de salvar de la guillotina a dos que tres peces gordos metidos en la presunción de desvíos millonarios en torno a dicho proyecto.
