Nos encontramos a menos de un mes de que comience el trabajo de preparación para las elecciones presidenciales –y en el caso de Morelos, por la gubernatura- sin embargo, en la práctica ya la absoluta mayoría de quienes aspiran a algún cargo de elección popular llevan buen rato trabajando, lo que implica gastos de toda naturaleza en la promoción personal de la imagen y la figura.

El arranque formal de la justa consiste en la integración de los cuerpos colegiados, los programas o las estrategias que los órganos electorales deben preparar a fin de llevar a buen término una elección, que como las anteriores, requiere de mucho trabajo, imparcialidad y sobre todo estímulo en lo relativo al voto ciudadano, porque la abstención se antoja creciente debido a que el ciudadano no se siente bien representado ni atendido en esa materia, de parte de las instituciones “competentes”.

Sin embargo, el que se deba desarrollar un esfuerzo especial en función de la justa del 2018, tampoco significa que esas instancias ya existentes no tengan que dar cumplimiento a sus responsabilidades cotidianas y una de ellas debe ser, el mantener en observación a todos aquellos que ya tomaron delantera, generalmente, a partir de que disponen de representaciones o responsabilidades públicas que utilizan como trampolines para beneficiarse.

Sí, la mayor parte de esos políticos se mueven con base en dinero, equipo, recurso humano o material, que pertenecen a las distintas instancias oficiales; o sea recursos públicos y que merecen por lo menos una llamada de atención, si no es que una sanción de mayor alcance.

No podemos hablar de equidad, democracia y justicia electoral, mientras sobrevivan este tipo de acciones que de acuerdo a la ley están prohibidas y para cuya vigilancia surgieron esos entes, como el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) en lo que compete a lo local, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) cuando se trate de posiciones federales.

El suelo no es parejo a la hora de ir en busca del apoyo popular; aquellos que no están en ninguna nómina gubernamental tienen que autofinanciarse y es por ello que sólo salen a la calle una vez que se ven favorecidos con alguna candidatura, porque no hay dinero para competir con ésos que gozan de privilegios y echan mano de lo que no les corresponde para dar muchos pasos adelante.

Lo decíamos en su oportunidad, como en lo referente a algunas figuras públicas, entre ellas el secretario del Trabajo Francisco Santillán Arredondo, han orientado la mayor parte de su tiempo no a atender problemas relacionados con el cargo en referencia, sino para abonar en la imagen y la promoción personal, pensando que puede ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Es sólo un ejemplo de decenas, quizás cientos de personajes que usan el dinero de nuestros impuestos para hacer precampaña y cuyos gastos tendrían que estar regulados por las instituciones en materia electoral. Para acabar pronto, no vemos para nada al árbitro que conducirá la elección del año que entra y en la que estarán en juego la presidencia de la república y la gubernatura del estado.

Por todo este tipo de omisiones es que ni los aspirantes, menos los partidos políticos, guardan el mínimo respeto a los órganos electorales e invierten sumas ofensivas de dinero para lograr una miseria de votos que, aun ganando, no son representativos de la sociedad en su conjunto, a la que dicen llegar a gobernar o a representar.

Pero tampoco se trata sólo de fondos y recursos materiales y humanos del erario, quizás las mayores cantidades que “invierten” la mayoría de los políticos tenga su origen en una dudosa procedencia. Ya en dos o tres elecciones anteriores, se observó una creciente presencia de capitales poco claros en las campañas de algunos candidatos, pero en la justa del 2018 esto casi se generalizará.

Sólo que no hay nadie que vigile ese aspecto, que es muy delicado, porque cuando se llega con esas ataduras, el ejercicio del poder se pervierte y las instituciones se ponen al servicio no de los ciudadanos sino de esos “benefactores” que cobran con creces sus apoyos.

Eso sí, cuando se aproxima una elección, tanto a nivel federal como en los estados del país, se hacen cambios a las normas y reformas a las muchas veces reformadas leyes electorales, pero nunca pensando en ofrecerle mayor participación e intervención a los electores en esa materia, más bien se trata de mecanismos muy bien calculados para limitar su injerencia y posibilitar la perpetuidad en los mandos a partidos y grupos poderosos que monopolizan las decisiones en ese terreno.

Para el caso del 2018, ya los controles se han aplicado, los márgenes de democracia popular son casi invisibles, el pueblo no tiene voz ni voto en los órganos electorales, su sufragio puede fácilmente ser objeto de manipulación y negociación; seguirá siendo rehén de los políticos, le guste o no, por eso una gran mayoría decide mejor abstenerse, aunque de todos modos, con los que acudan a las urnas es suficiente para que alguien gane o pierda, así se trate de una mínima parte del padrón electoral.

Y la experiencia también nos ha enseñado que las componendas, marrullerías, cochupos y toda clase de mañas no son privativos de algún partido en especial; es práctica de todos, en eso como que se han puesto de acuerdo para engañar a las multitudes con propaganda exageradamente bondadosa y promesas que en el estado de cosas que vivimos, son imposibles de cumplir una vez en las representaciones.

Pero se supone que para impedir toda esa clase de vicios, es que con el dinero del pueblo, se crearon instancias que tienen que garantizar al elector libre participación y democracia, pero como se puede apreciar, es una falacia, aunque nos cuesten una fortuna, porque en la realidad sirven a intereses muy distintos.

Como en la mayoría de las estructuras con las que contamos los mexicanos para que se nos imparta justicia, éstas igualmente se aproximan más a la figura de “elefantes blancos” que a instrumentos funcionales y son meramente decorativas. Claro, también nosotros permitimos todo tipo de excesos, por unas cuantas monedas vendemos el voto que debiera ser sagrado.