El sistema penitenciario en México es un espacio en el que los derechos del ser humano no existen, las leyes tampoco se aplican en tiempo y forma y la mayoría de quienes están privados de su libertad, están ahí principalmente por carecer de recursos económicos para defender su derecho.

El maltrato y el desprecio por toda clase de valores, entre ellos el respeto y la dignidad, son una constante, porque una vez en el interior de las cárceles, se está en manos de verdugos y malandrines que fungen como autoridades y que aprovechándose de la indefensión de los internos, actúan fuera de cualquier norma.

Y en lo que se refiere al sistema penitenciario local, tampoco escapa al comportamiento general que priva en México en esa materia; las circunstancias bajo las cuales viven quienes han sido acusados –sean culpables o no- de algún delito grave, muestra los mismos parámetros de abuso de autoridad.

En Morelos el penal de Atlacholoaya es y será siempre el referente sobre el tema, ya que es ahí donde se concentra la mayor población de reclusos de la entidad; algo así como dos mil 600, entre hombres y mujeres, aunque la sección femenil sólo tiene unas 113 inquilinas.

Sobre ello, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito decía que en lo que al reclusorio femenil se refiere, la absoluta mayoría de quienes se encuentran en prisión están relacionadas con delitos contra la salud o el secuestro

El ombudsman morelense acepta que el 70% de ellas llegaron con esos antecedentes, pero advierte que en su gran mayoría, es decir el 80% de las reclusas, fueron utilizadas por los grupos de la delincuencia organizada, generalmente, a partir de una relación sentimental.

Es decir, la mayoría viene de haber tenido una relación de noviazgo o de pareja con secuestradores o comerciantes de productos ilícitos y, como el hilo se rompe por lo más delgado, pues son las que están pagando las facturas de aquellos que verdaderamente tendrían que haber sido atrapados por delitos mayores.

Olivares señala incluso que casi todas enfrentan una situación muy delicada, porque fueron abandonadas a su suerte. O sea quienes las usaron se olvidaron de ellas y no tienen quien dé la cara para poder pensar en recuperar su libertad, porque además tampoco tienen dinero y defensa jurídica.

Aquí se aprecia el escenario que en materia de delincuencia ha enfrentado la entidad en los últimos 11 años, porque a diferencia de hace unas décadas, ahora 70 de cada 100 internas están ahí a consecuencia de actividades del delito organizado y eso tampoco difiere mucho en el caso de los hombres. Incluso, diferente a lo que ocurre respecto al área varonil, donde hay una sobrepoblación porque la capacidad de los espacios es pensada en función de más de dos mil. 

Y en lo que a los varones respecta, el ambiente es aún más difícil, porque la presencia de personajes con mucho poder, tanto a nivel de pandillas de secuestro como de actos relacionados con delitos contra la salud, convierte aquello en un lugar de riesgo permanente para cualquiera de nuevo ingreso.

Hay grupos dominantes que todo lo controlan, aún por encima de las autoridades penitenciarias, que en no pocos casos coadyuvan en la formación de entes de autogobierno, con el propósito de mantener a como dé lugar la “tranquilidad y la calma”, bajo mecanismos de sometimiento contra quienes se quieran rebelar.

Es decir, que las autoridades carcelarias cuentan con toda clase de instrumentos para anticiparse a cualquier acción e incluso intento de fuga que se pudiera presentar, ya que disponen de ojos por todos lados, a partir de acuerdos con esas células criminales en su interior.

Como quiera que sea, son algo así como asistentes de las instancias oficiales y colaboran a cambio de favores y prebendas que pueden ser, entre otras, la facilidad de vivir de una manera distinta, con ciertos privilegios, como habitaciones más cómodas, disponibilidad de medios de comunicación e incluso televisores y toda clase de aparatos electrónicos para pasársela mejor.

Desde luego que ésos son los menos, hablamos de unos 100 o 150, de una población, como ya decíamos, cercana a los dos mil 600 internos. Pero los demás no tienen derecho a nada, son tratados de acuerdo a su sumisión; si alguno de éstos comete alguna falta a juicio de los cabecillas, pagará las consecuencias; o es llevado a la bartolina, un pequeño espacio insalubre y donde no se puede ni tomar asiento, o en el mejor de los casos, es comisionado para lavar los sanitarios, que ya imagina usted en qué condiciones se encuentran. Claro, si se dispone de algo de dinero, pues se deberá pagar la suma suficiente a esos personajes como para evitar realizar tales trabajos de tanta bajeza.

Ahí cualquier artículo o producto que en el exterior tiene un valor de 10 pesos, puede costar hasta 100 pesos y como acontece en la calle, también en el interior se dan todo tipo de delitos, sólo que sin la posibilidad de ser sancionados; hablamos de acciones de extorsión, robo y violaciones múltiples.

Reiteramos, la justicia aquí es letra muerta, comenzando porque ante tantos expedientes y procesos legales en los tribunales, es impensable reclamar el cumplimiento de los términos constitucionales que conceden un plazo específico a fin de dictar sentencias condenatorias o absolutorias.

A decir del presidente de la CDHEM, hay quienes llevan ahí más de cinco años esperando que les digan si de acuerdo a las pruebas y acusaciones por las que están ahí, son responsables de algún delito o no. Lo más lamentable es que, como decíamos en principio, a muchos les cuadraron acusaciones que no tienen sustento, pero como no cuentan con posibilidades económicas para pagar favores, sus procesos viven el sueño de los justos.

En conclusión, hay la aceptación de que en los sistemas penitenciarios nacionales, de los cuales nosotros no escapamos, el delito común que identifica a la absoluta mayoría de quienes están presos es la pobreza. Los “peces gordos” de la delincuencia andan libres y muertos de la risa, porque tienen recursos de sobra para comprar consciencias en todos los niveles de autoridad y por lo tanto las cárceles no son para ellos.