La reciente reforma en materia laboral lleva la intención de disminuir gradualmente el universo de pensionados a partir del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones que amparan derechos de los trabajadores. Las nuevas generaciones de empleados están siendo objeto de despojo en ese sentido y los contratos temporales son ahora la forma recurrente de dar empleo.

Las famosas outsourcing o empresas de subcontratación son la moda actual y a partir de ello muchas de las obligaciones patronales tradicionales son transferidas, eliminando así una serie de compromisos con los trabajadores, mismos que limitan muchos derechos que históricamente se tenían en esa materia.

Todo eso es sin duda, parte de las “sugerencias” externas al gobierno mexicano, para que se disponga de una norma que dé seguridad a los inversionistas y les aligere la carga  y sobre todo es una forma de ir modificando los escenarios en lo que tiene que ver con el pago de pensiones.

Éste es un rubro que hace ya unos años viene representando un serio problema para las autoridades, porque el padrón de pensionados ha llegado a un nivel que amenaza con imposibilidad para poder darle cumplimiento en lo que se refiere al pago; no hay ya fondos suficientes como para seguir con esa dinámica.

Es un fenómeno nacional, pero las entidades federativas enfrentan más o menos los mismos conflictos, dado que los cálculos advierten que a mediano plazo, difícilmente se podrá disponer del dinero necesario para tal efecto y entonces ya aparecen declaraciones en el sentido de que –en el caso particular de Morelos- a inicios del año que viene se trabajará sobre una propuesta en ese sentido, buscando anticipación al quebranto.

A nivel de gobierno, pasa algo parecido; el padrón de jubilados estatales es superior al número de sindicalizados y a medida que pasa el tiempo, el personal retirado se multiplica, lo que obliga a la toma de decisiones sobre el caso y ante tal dificultad en puerta se han intentado algunos cambios, entre ellos, la posibilidad de crear un fideicomiso en el que los mismos beneficiarios aporten para su futuro. Hasta hoy no ha prosperado.

El problema es pues que las generaciones actuales y siguientes están amenazadas con perder prestaciones que así fueran de escaso monto económico, representan un apoyo al término de la vida laboral de los trabajadores. De forma gradual, se viene acotando ese beneficio; la Ley de 1973 todavía concede una pensión mucho más bondadosa que le de 1997; en aquella se puede aspirar hasta al 100 por ciento del salario, en la otra, no se logra ni el 50% y además, en lo relacionado a las aportaciones a las afores, la devolución en el primer caso es mucho mayor que respecto a la Ley del 97.

Pero a partir de la reforma actual, ya ni pensiones se alcanzan o el porcentaje de antigüedad acumulada es mínima, porque reiteramos, ya las contrataciones no son de base, vía esas empresas de subcontratación se impiden prestaciones que eran fundamentales para cuando se llega a la vejez.

Todo lo anterior pudiera entenderse y aceptarse en una economía de primer mundo como en Estados Unidos o la mayoría de los países del continente europeo, donde un trabajador logra niveles de vida adecuados y hasta consigue hacerse de un capital y de bienes para enfrentar sus últimos años de vida; sólo que en México aún con un empleo formal, no se resuelven las necesidades familiares más indispensables, he ahí la diferencia.

También es cierto que nuestro país goza de beneficios laborales muy superiores a los de otras naciones. Incluso se suele llegar al exceso, como en lo que se refiere a sindicatos de paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aquí buena parte de los obreros se llega a hacer rico, tanto a partir de ingresos enormes, como por acciones y beneficios en materia de prestaciones; sin embargo, son excepciones, porque el sector obrero nacional en lo general, está perdiendo cada vez más logros arrancados a partir de luchas que llegaron a costar muchas vidas humanas, pero que ahora se vienen perdiendo por las presiones e influencias de un mundo globalizado y sin fronteras que reclama homologación de leyes entre países y abrogación de derechos para garantizar más ganancia y menos riesgo como en lo que se refiere al derecho de huelga.

Sí es real que los fondos disponibles para pensiones y jubilaciones parecen irse achicando a medida que el número de beneficiarios aumenta, pero hay manera de ampliar los márgenes de maniobra. Falta dinero en muchas otras cosas más, pero el robo de presupuesto público por parte de quienes gobiernan a México es criminal.

Son billones de pesos que cada año se desvían para seguir engordando los bolsillos y las cuentas bancarias de “servidores públicos” inmorales que no muestran límites en sus abusos y ambiciones de poder y riqueza a costa de la miseria de millones de connacionales.

Si el producto del pago de nuestros impuestos fuera bien aplicado y transparentemente ejercido, claro que habría posibilidades de seguir ofreciendo condiciones mejores a nuestros trabajadores, pero simplemente no hay voluntad ni sensibilidad y frente a eso lo más sencillo es eliminar obligaciones.

A partir de programas asistenciales que en buena medida llevan contaminación política y electoral, se prefiere dar un pescado, en lugar de enseñar a pescar. Desde luego que aquellas personas de la tercera edad que viven en la pobreza reclaman de apoyos urgentes para lo indispensable y que el dinero que se les da a través de Sedesol, vía 65 y Más, por ejemplo, les resuelve muchas cosas, pero como que más bien había que pensar en acciones de ocupación para ese sector, porque una mayoría de ellos aún son útiles a la sociedad.

Esos cambios en puerta, casi estamos seguros, llevan la intención, por un lado, de generar algún mecanismo que posibilite la creación de un fondo para poder seguir cumpliendo con el pago de pensiones y jubilaciones, pero seguramente de manera paralela, se irán eliminando beneficios para quienes alcancen esa edad laboral o biológica en un futuro cercano.