Pero más allá de la inversión pública que a través de las instituciones competentes en la materia, como el Instituto Estatal Electoral (IEE), para el caso de la contienda estatal, o el Federal Electoral (IFE) en lo que corresponde a la federación, se canaliza a los partidos y candidatos en campaña, hay otro agravante, los municipios, los estados, toda la nación entra en una especie de compás de espera.
Estamos hablando de un año completo en el que cae el ritmo de trabajo de las autoridades salientes que bajan los brazos y dejan de ejercer buena parte de los recursos, porque la obra pública, por ejemplo, es mínima, el rezago social se acrecienta, porque ya no hay respuestas a las inquietudes y reclamos sociales.
Es decir, por un lado, son miles de millones de pesos los que se distraen para financiar un proceso electoral a través del cual se elegirán a las siguientes autoridades o figuras de representación popular y por el otro, las administraciones en sus tres niveles de Gobierno entran en parálisis que se antoja injustificada, porque el Congreso local o federal aprueba un presupuesto que pareciera, es sub ejercido, porque se dejan de hacer muchas cosas.
Este 2012 para Morelos será el menos productivo del sexenio, en el caso de la administración estatal o del trienio en lo relacionado a los municipios, aquellos que se van, ya no hacen mucho esfuerzo por cumplir cabalmente hasta el último día, y quienes llegan requerirán de un tiempo considerable para poder agarrar el ritmo y empezar a dar resultados.
Mire, un ex gobernador decía que quien llega a esta responsabilidad, requiere en promedio de medio año para saber dónde está parado y poder sentarse bien en la silla, es decir, si el nuevo mandatario morelense tomará protesta el próximo primero de octubre, para marzo del 2013 tendrá ya una clara visión de lo que debe hacer.
En el caso de los alcaldes, por tratarse de territorios pequeños, en comparación con el estado, pues necesitaran en promedio de unos tres meses para aclimatarse y si entran en noviembre, ya será hasta el siguiente año cuando puedan comenzar a responder a sus compromisos de campaña.
Claro, no todo en nuestro país es política y gobierno, desde luego que en otros espacios de la actividad productiva el ritmo no tiene porqué detenerse, como en la industria, el comercio o los servicios, pero de cualquier manera, el periodo electoral tiene serias repercusiones en otros espacios de la vida nacional.
Seguramente que la mayor parte de los dineros públicos en estos momentos de calor electoral, no llegan a su destino y como el Poder Legislativo que es el que debe revisar el correcto uso de los dineros públicos también está siendo renovado, pues todo el control se pierde, se generan muchas lagunas que son aprovechadas por servidores públicos que además, conscientes de que quizás no vuelvan a contar con otra oportunidad en el servicio público, intentan llevarse lo más que pueden para poder enfrentar la posible falta de empleo.
Esta permanente alternancia en las administraciones municipales y posiblemente otra vez en la estatal, trae serias consecuencias para muchos, hemos sido testigos de serios problemas en el manejo de las finanzas públicas, particularmente en las alcaldías.
Cuando llega un alcalde de procedencia partidista distinta al saliente, prácticamente vacía la casa, corre a todos, incluyendo a empleados de base que no atienden a colores ni militancias y busca borrar cualquier huella de su antecesor, así se trate de proyectos o acciones viables.
Las demandas laborales ahogaron a la mayor parte de los ayuntamientos actuales en su arranque y todavía existen comunas como la de Huitzilac que deben hasta la camisa a trabajadores despedidos injustamente y que no han logrado pagar, porque el presupuesto no les alcanza.
Por eso decimos que estos cambios permanentes en el ejercicio del poder público podrán no únicamente paralizan el quehacer gubernamental en el proceso de elección de autoridades, tienen repercusiones profundas que vienen socavando la capacidad financiera y por ende de respuesta a sus ciudadanos que ven reiteradamente postergadas sus exigencias en diversas necesidades, las más comunes, relacionadas con la prestación de servicios.
Sí estaríamos de acuerdo con la propuesta del candidato presidencial del tricolor, Enrique Peña Nieto, de bajar el número de diputados federales y senadores, en el caso concreto de Morelos difícilmente encontraremos muchos ciudadanos que aplaudan la existencia de 30 “representantes populares”, por lo menos los deberíamos de reducir otra vez a 18 como era a mediados de la década de los 90s.
Lo que nos gastamos en autoridades que nos gobiernan es una verdadera fortuna, queda claro que estas nunca corresponden al esfuerzo del contribuyente y por eso estamos cada vez más amolados, más si llevamos a los cargos de elección de personajes que ya no tienen vida productiva, caso específico, Luis Flores Ruiz, quien aspira a una diputación local cuando con dificultades logra caminar, ¿son estos los que nos sacarán de pobres?, seguramente que no.
