Sí, la regidora, quien por cierto viene igual que el edil, de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isabel Torres, comenzó a cuestionar severamente algunas de las acciones del alcalde, por presuntos actos de corrupción, esto necesariamente le incomodó e inició una serie de acciones en su contra, desde luego, hostigamiento y casi persecución, ella debió denunciar públicamente agresiones veladas y lo responsabilizó de cualquier cosa que le ocurriera a ella o a sus familiares.
Debió recurrir a la asesoría legal para reclamar sus emolumentos y la denuncia llegó al Tribunal Federal Electoral, porque se trata de una posición de elección y esta es la instancia competente para conocer de casos similares.
Luego de revisar el asunto, se ordenó a Figueroa Valladares realizar los pagos respectivos, pero el personaje en cuestión omitió hasta hoy hacerlo, cayendo en desacato a un ordenamiento federal y de entrada, se ha impuesto una multa de 300 salarios mínimos, ante lo cual, aún no había respondido, lo que advertía de ir mucho más lejos.
El abogado Juan Juárez Rivas es quien lleva el expediente, dice que el paso siguiente es pedir el juicio político y la destitución, pero estamos a menos de dos meses de que ese rufián entregue el cargo, así que pudiera arriesgarse a lo que sea, sin embargo, lo que se advierte es que aún después de haber concluido su mandato, la justicia tendría que aplicarse y si es necesario llevarlo tras las rejas.
Lo que algunos no olvidan, es que Alberto Figueroa llegó a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata con el discurso histórico de la izquierda, es decir, la promesa de acabar con las injusticias, la corrupción, sentar las bases de la democracia y acabar con toda clase de actitudes deshonestas.
No obstante, lo que se menciona en torno a su desempeño es mucho más delicado que lo que pasa con la regidora, incluso se llegó a correr la versión, en plena campaña electoral del 2012, que el matrimonio había sido raptado por un grupo de la delincuencia organizada y que las cosas andaban bastante mal.
Finalmente se desmintió el rumor, nunca se supo hasta dónde llegaron a ocurrir los hechos desafortunados, pero lo que queremos decir, es que el señor ha andado siempre en este tipo de enredos y le gusta divertirse a lo grande, sin embargo, de justo y demócrata no tiene un pelo, hasta a sus propios compañeros de partido agrede si no coinciden con sus intereses.
Isabel buscó un arreglo negociado, buscó contacto con autoridades estatales para que sirvieran de puente en el conflicto, pero se ve que no logró éxito y se vio obligada a iniciar un proceso legal que ya ganó, pero que de todos modos no se lo quieren reconocer.
Feminicidios, ¿ahora quién reclama?
Y en otro tema, la seguridad sigue dando mucho de qué hablar, simplemente para algunos observadores, las cosas siguen muy complicadas y son ya muchos los delitos de alta gravedad cometidos en estos primeros días de noviembre, las fuerzas estatales del orden simplemente no pueden encontrarle cuadratura al círculo.
El número de homicidios en octubre fue alarmante, pero insistimos, en estos primeros días del presente mes, las cosas continúan en la misma ruta, sin embargo, preocupa especialmente el tema de los feminicidios, porque son recurrentes, el asunto es que ya no hay voces que reclamen y denuncien, algunos personajes que buscaron desarrollar alguna lucha en defensa del sexo femenino están hoy del lado institucional.
Adriana Mújica era una de las mujeres que estaba secundada por otras voces que se consideraban de la izquierda, por lo menos exigían justicia y atención al tema, sin embargo, desde una trinchera contraria hoy guardan silencio, lo cual complica aún más las cosas, ya que no existe ese contrapeso con la autoridad que insistentemente trata de minimizar el impacto de todo este escenario desafortunado.
Hay incluso desaparición de jovencitas, una de ellas universitaria, a nadie parece interesarle investigar a profundidad el origen de esta ola de inseguridad, mientras el dolor de los familiares llega a la impotencia y a la desilusión, las instancias “competentes” no muestran nivel para lograr por lo menos castigar a los responsables, porque los hechos están consumados.
Bueno, en este estado de cosas, hasta se llegó a afirmar que habían intentado secuestrar a una secretaria de despacho de la actual administración estatal, lo cual esperamos sólo sea eso, un rumor, pero ello se da por el elevado nivel de delincuencia en el que nos encontramos inmersos.
Claro, si usted le pregunta a los funcionarios públicos al respecto, le van a decir que han atrapado a decenas de malandrines, que casi está resuelto el tema de la inseguridad y que aquí no pasa nada, sin embargo, ellos mismos han tenido que aplicar medidas extremas en sus propias oficinas, lo cual indica que saben muy bien que la situación es suficientemente complicada.
Esto de blindar espacios al interior de las dependencias oficiales se antoja descabellado, aun con todo lo que ocurre, porque históricamente nadie lo había hecho, no obstante, su argumento es que son disposiciones del protocolo federal y tienen que cumplirlo, si es así, ¡pues qué desafortunado! porque su responsabilidad principal es velar por los gobernados, no por ellos mismos.
