Por lo menos se aprecian algunos avances, el secretario del Trabajo José de Jesús Pérez Moreno, a quien por cierto tocó dar el discurso oficial con motivo del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el evento de ayer, dijo sobre el tema del aguinaldo que de acuerdo a recientes reformas, ya quedó muy claro que están fuera de este derecho todas aquellas figuras públicas producto del voto popular, es decir los diputados locales, integrantes de los cabildos (alcalde, síndicos y regidores) y también los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, porque son nombrados en una elección indirecta de parte del Congreso local.
Es decir, consideró, que bajo esta premisa, los miembros del gabinete de Gobierno del estado sí estarían dentro de aquellos que tienen derecho a recibir dicha prestación, porque son subordinados y obedecen a las instrucciones de un jefe superior, que es el Gobernador.
Pero el diputado local Carlos de la Rosa Segura menciona por su lado que hay ya ciertos controles y que la disposición legal más reciente establece que todos aquellos funcionarios que ganen más de 35 mil pesos mensuales quedan fuera de ese beneficio, o sea que entonces los secretarios de despacho ya no podrían cobrarlo.
Bueno, consideramos que aún con sus contradicciones, lo expresado por el representante popular y el funcionario público en referencia, nos muestra por lo menos cierto avance en un tema recurrente cada fin de año, porque en efecto, a juicio de la mayoría de los juristas, se abusó de lagunas legales al respecto y la clase-política en el poder se despachó con cuchara grande, adueñándose de un beneficio que no les correspondía.
Volvemos a recordar que fue el ex gobernador Lauro Ortega Martínez, quien con el ánimo de ayudar a burócratas del Gobierno estatal, elevó esa prestación a 90 días de salario a través de un decreto, incluso, durante su gestión, sólo se entregó a los trabajadores, los funcionarios nunca lo cobraron porque ese no era el fondo de la idea concebida por quien se sigue considerando ha sido el mejor mandatario estatal.
Pero al transcurrir del tiempo, la norma se distorsionó y todos se montaron en el aguinaldo de tres meses, diputados locales, magistrados, incluso el Gobernador en turno, lo cual fue siempre objeto de cuestionamiento de los conocedores del derecho, que reiteradamente llamaron a la cordura a quienes se aprovechaban de la situación.
No obstante, la Cámara local debió hacer algunas observaciones y enmiendas al decreto para que se acabaran dudas, de esa manera estaríamos llegando por primera ocasión, a eliminar de esos cobros de privilegio, a aquellos que ocupan cargos por mandato popular.
Pero insistimos, aún hay argumentos encontrados, el tema no está del todo resuelto, se necesita ir a fondo y establecer textos claros que acaben con las confusiones y la posibilidad de que quienes no deben estar incluidos en tales beneficios queden fuera.
                                               ALCALDES DEL CUELLO
Por otra parte, todo indica que el Poder Judicial de la Federación ha decidido hacer cumplir cabalmente la Ley en lo que se refiere al incumplimiento de diversos ayuntamientos en el pago de laudos laborales perdidos y ya no esperará a que el Poder Legislativo o el Ejecutivo se pongan de acuerdo respecto a quién de los dos es el competente para destituir a los ediles omisos en la materia.
El secretario del Trabajo José de Jesús Pérez también habló sobre este delicado asunto y dijo que el asesor jurídico del municipio de Temoac le cayó hace unos días en su despacho, para decirle que un tribunal federal ya estaba ordenando un procedimiento de destitución, pero no del presidente municipal, sino del síndico.
Es decir, aceptó el servidor público, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a proceder de manera directa, seguramente consciente de que ni el Congreso ni el Gobierno local tuvieron voluntad para ejecutar la disposición que se giró concretamente en relación a alcaldes de Yecapixtla, Amacuzac, Huitzilac y Jonacatepec.
Ese era el temor de José de Jesús Pérez, que la justicia federal decidiera actuar de manera directa, porque entonces no habrá forma de evitar la guillotina, pareciera que se empezará a proceder y hay nerviosismo en las alcaldías con problemas en materia laboral.
Bueno, dijo que el abogado de Temoac le pidió ayuda a fin de gestionar recursos para enfrentar el debito, desde luego que la respuesta fue no porque no hay dinero para eso, a pesar de que la suma no es tan importante, unos cuantos cientos de miles de pesos.
Hay alcaldías con la soga al cuello, como Amacuzac, por muchos millones de pesos, la cosa es que cómo le van a hacer porque la única salida es pagar. Por cierto, el secretario admitió que es lamentable que se pueda llegar a la destitución, sobre todo porque eso no libera a las alcaldías del compromiso, de todas maneras quien se quede a cargo de la comuna deberá cumplir o será igualmente removido.
Ello llevaría a una inestabilidad política y de gobernabilidad que finalmente iría en detrimento del desempeño de la autoridad ante los gobernados, independientemente de conflictos entre partidos políticos por intentar apoderarse del mando. Por donde se le quiera ver, no es lo más conveniente, sin embargo es el producto de la falta de respeto por las leyes y por el estado de derecho, sí se dictó un lado, lo menos que se puede esperar es que se cumpla, de otra manera perderían sentido las instituciones y tribunales laborales, pues la cadena de violaciones sería interminable.