Fermín Octavio Sánchez Ocampo está manejando el asunto de muy bajo perfil, como que no quiere que trascienda mucho, sin embargo, la mayoría de los delegados ya filtraron algunos datos y entre otras cosas, reconocieron que el jueves pasado se reunieron para analizar algunos inconvenientes y la mayoría consideró que se debía ir ante las instancias competentes para los fundamentos que llevarían a una posible huelga.
Hay algunos puntos delicados para ellos, “sostienen que el Gobierno de la Nueva Visión les está despojando de plazas sindicales”, que a estas alturas ya son por lo menos seis lugares que les han quitado para colocar a recomendados de la nueva administración.
Bueno, uno de esos delegados, quien pidió omitir el nombre, aseguró que “prometen a los sindicalizados plazas de confianza con un mejor salario a cambio que cedan la plaza para quienes ellos desean instalar, cosa que no puede ser permitida”.
Amenazan con pedir al gobernador, Graco Ramírez Garrido, la destitución de dos funcionarios, la del secretario de Administración, Carlos Riva Palacio Than y la de la directora general de personal, María Eugenia Mauríes Capuano, por considerarlos responsables directos de lo que está ocurriendo.
Dialogamos con el Secretario referido y dijo desconocer el movimiento, porque mencionó que manifestó que “le acabo de llamar al dirigente gremial y dice que no hay nada”, sin embargo, quien sí conoce del asunto es el secretario del Trabajo, José de Jesús Pérez.
En presencia del reportero también le llamó a Sánchez Ocampo y de acuerdo a la conversación, a él si le confió que era verdad, incluso se citaron para hoy martes, luego que el funcionario concluya un evento en el que acompañará al gobernador por la mañana.
Luego de lo que platicó con el secretario general del sindicato, hizo incluso algunos comentarios que para razonar el conflicto, de entrada, aceptó que “hay compañeros de gabinete que pierden la sensibilidad y suelen ser groseros con los empleados, sin embargo, eso no significa que sea responsabilidad y culpa del mandatario estatal”.
Luego más o menos dio una pista de dónde pudiera estar alguno de los inconvenientes, porque citó a la Defensoría de Oficio para exponer que “se dieron algunas quejas, llamamos a los responsables para platicar y analizar las cosas, pero los trabajadores están en su derecho de hacer respetar sus garantías laborales”.
Y aceptó que de llegar a estallar alguna huelga, sí sería algo inédito, no obstante, aclaró, que de ser así, sólo sería muestra que en este Gobierno hay voluntad por el respeto a las leyes, algo que no se daba muy frecuentemente en el pasado. El caso es que algo anda mal a juicio de los burócratas, hay funcionarios que parecen estar abusando de sus facultades e influencias para sacar ventaja y deberán ser sancionados o exhibidos.

¿Y el Observatorio Ciudadano?
En otro tema, quizás muchos recordarán que en el reciente pasado, entre tantas estrategias para contrarrestar los embates de la delincuencia, como respuesta a una demanda ciudadana, vía la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se dio vida a lo que se llamó “Observatorio Ciudadano”, un organismo de carácter civil y autónomo que haría estudios y encuestas relacionados con los niveles de delincuencia en el estado.
Para tal efecto se integró formalmente una Asociación Civil, que es la que quedó a cargo del mismo, reiteramos, Coparmex sólo fue el conducto. Luego de mucha presión, el Gobierno aceptó otorgarles un presupuesto de tres millones de pesos, con lo cual adquirieron muebles, equipo de cómputo, renta de oficinas y otras necesidades para poder iniciar su tarea.
Pero en la última sesión del consejo de seguridad pública y con la aprobación de todos los concurrentes, la pasada administración les dejó autorizados otros tres millones de pesos, que al parecer ya no se le entregaron a la Asociación.
En resumen, lo que se empieza a mencionar es que el actual tesorero, que era el mismo en el cargo cuando la Presidenta era Honorina Estrada y conoce del tema, así como el nuevo presidente, Juan Pablo Rivera Palau, pretenden quedarse con los bienes y equipo adquirido por la asociación y que le pertenecen a Observatorio Ciudadano, argumentando que es de ellos.
Esto puede llevar a un conflicto legal, porque los de la asociación seguirán manejando el Observatorio y trabajando bajo el proyecto diseñado, por lo tanto, están demandando la entrega de los bienes adquiridos y advierten que de no hacerlo, la Coparmex estaría cometiendo el delito de despojo y malversación.
Lo correcto es que se acepte que fue un logro de esa asociación civil y que por lo tanto lo más correcto es que se eviten procedimientos legales. En efecto, tuvimos información de primera mano en aquellos momentos en los que se debatía el tema del Observatorio Ciudadano, algunos funcionarios del régimen anterior opusieron mucha resistencia a su conformación, más trabajo les dio lograr que les facilitaran recursos, debieron incuso apoyarse en algunos diputados locales para generar mayor presión.
Finalmente el propósito se alcanzó ya muy cerca del final de ese sexenio, pero la realidad es que fue a exigencia de empresarios de todas las corrientes y ramas, luchadores sociales y ciudadanos distinguidos, no propiamente de la Coparmex como ahora se intenta hacer ver. Por decencia, tienen que admitirlo y reconocerlo. Por cierto, Rivera Palau es nieto del ex gobernador Felipe Rivera Crespo y accionista de la empresa cementera Comosa, eso como dato adicional. A él no le tocó vivir ese proceso, pero debió estar enterado y sabe que no andamos mal en nuestras apreciaciones.