La cosa parece por demás preocupante para el Poder Judicial en torno al tema, porque son tres procesos a los que deberá dar respuestas muy contundentes, porque además la dirigente gremial Leticia Castro Balcázar, asesorada por los abogados, externo, Marte Iván Rodríguez Gallegos e interno, Juan José Barranco Hernández, ha advertido que en esta ocasión van con todo, es decir que no cederán a nada y no negociarán ninguna prestación de sus representados.
Y mire que tampoco es mucho dinero lo que originalmente dio pie a las primeras dos demandas, en lo referente al 2012 ellos reclaman que nunca se les cubrió el rubro relacionado con la despensa de los 435 sindicalizados, que en conjunto representaba la cantidad de 110 mil pesos. Claro, a estas alturas, la suma debe ser ya superior en un 400 o 500 por ciento. Y sobre el 2013, también el emplazamiento es a causa de la no entrega del mismo recurso para el mismo fin, pero aquí eran 150 mil pesos, del mismo modo hoy día debe ser mucho más.
Y también traen otro enojo atravesado porque señalan que quien “ejerce el poder tras el trono” es el representante del Poder Legislativo ante el Judicial, Julio Ernesto Pérez Soria, de quien demandan su remoción, porque agregan que le debiera pagar el Congreso, pero cobra acá, que dispone de recursos del Tribunal sin facultades y que es el que agrede de manera permanente la dignidad de los empleados de toda naturaleza.
La presidenta del TSJ, Nadia Luz María Lara Chávez, parece haber perdido el control de su sindicato, porque en su oportunidad tuvimos una charla con la dirigente y en aquel momento ella misma hablaba de buena relación y entendimiento, casi en todos los sentidos. Hoy, la vimos muy inconforme y dispuesta a todo, lo que muestra que, en efecto, no ha tenido la atención requerida y eso es muy peligroso.
Un eventual estallamiento de huelga no sería nada conveniente porque paralizaría las actividades en una institución que debe trabajar día y noche, a fin de responder a las necesidades de justicia de muchos que por algún motivo se ven envueltos en conflictos legales, pero aquí estamos hablando de tres, dos por falta de pago en el concepto de despensa y uno más por demanda de incremento salarial y a un 100 por ciento.
¿Y por qué tanto?, pudieran preguntarse algunos, pues el argumento que la dirigencia sindical da, es que mientras a ellos los tienen a “pan y agua”, los magistrados y consejeros se incrementaron sus ingresos en un 11.7 por ciento apenas a finales del 2013, pero como ellos ya ganaban algo así como 80 mil pesos mensuales, pues ese incremento les significó más de 30 mil pesos al mes. Mientras que a ellos, que ganan menos de seis mil, les dieron poco más del 4%, o sea menos de 200 pesos al mes, sí que hay diferencias.
Pero algo que llamó la atención en las expresiones de los asesores legales y de Castro Balcázar, es que en efecto, el colmo es que el Poder Judicial, que debe dar el ejemplo en impartición de justicia, en respeto al derecho de terceros y que además las estructuras funcionales se integran por conocedores del derecho, violente las garantías individuales. ¿En qué país vivimos?, aquí sí se aplicaría perfectamente aquello de que “el buen juez por su casa empieza” y la verdad es que por eso andamos de cabeza. Si los responsables de hacer valer el estado de derecho son los primeros en violarlo, estamos perdidos.
                                                                               AYUNTAMIENTO CAPITALINO, ¿A CONTROVERSIA?
Y respecto al problema suscitado en relación a la miscelánea fiscal de Cuernavaca, finalmente el Congreso local, así fuera bajo presión de manifestantes, aprobó modificaciones a la Ley de Ingresos y Egresos, violentando el principio de autonomía hacendaria de la comuna en cuestión, lo cual, en efecto, puede ser motivo del inicio de una controversia constitucional ante la justicia federal.
Hasta ayer, lo que sabemos es que el presidente municipal Jorge Morales Barud sólo estaba esperando que el Legislativo le envié las modificaciones al Poder Ejecutivo para que sean publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, porque es sólo a partir de ahí, cuando se hace oficial y se aplica, y además se consuman los delitos, para poder dar comienzo a la denuncia.
Lo que supimos es que se sigue esperando que el gobernador Graco Ramírez Garrido rechace darle el trámite antes mencionado, porque de lo contrario, también estaría cayendo en la aberración jurídica en la que entró el Congreso y entonces sería agregado en la demanda ante la Corte.
Los diputados han intentado minimizar los hechos, sosteniendo que fueron cuestiones menores. Sin embargo la alcaldía pareciera que no aceptará mantener los rubros de impuestos del 2013, porque entraría en quebranto financiero, y en mucho eso fue lo que pasó, en ese sentido fue modificada y aprobada.
Igual y se procedió pensando en responder al reclamo de los quejosos, que recurrieron al bloqueo de arterias de circulación vial fundamentales en la capital, pero eso de ninguna manera los exime de posibles responsabilidades. Algunos conocedores en el derecho municipal siguen insistiendo en que sí se violó la autonomía del Ayuntamiento y si Morales quiere echar abajo esa ley, quizás sea de lo más sencillo. Por supuesto que los representantes populares, luego de usurpar sus funciones, le piden que “por favor” no recurra a la controversia, por pudor el edil debería hacerlo, si en efecto se publica en el periódico oficial, de esa manera se evitarían agresiones similares a futuro.