Como es natural, hay personal bueno y malo en todas las dependencias y siempre existirán aquellos, sobre todo morelenses, en este caso, que no están dispuestos a permitir más arbitrariedades por “funcionarios golondrinos” que todavía ven a Morelos como territorio de conquista y botín.
Algunos empleados se han encargado de darle seguimiento a lo que interiormente ocurre en dicha Secretaría, tras la llegada de Manuel Santiago Quijano como titular, sobre todo porque han logrado documentar antecedentes de algunos de sus más cercanos y de confianza, cuyo contenido les agradecemos, porque sólo así podrán impedir que se sigan cometiendo atropellos.
Muy específicamente han hecho llegar a La Unión de Morelos datos relacionados con algunas denuncias que privan en contra de Rosalba Díaz Cisneros, quien fuera subdirectora del depósito de vehículos “El Coyol”, adscrito al instituto del taxi en el Gobierno del Distrito Federal, quien fuera denunciada conjuntamente con otros funcionarios por presunto fraude de unos 38 millones de pesos.
Y es que Santiago Quijano intentó nombrarla subdirectora de permisos y concesiones, es decir, la responsable del área donde se negocian este tipo de documentos. Bueno, lo que los informantes sostienen es que cuando se conocieron los antecedentes, el secretario tuvo que dar marcha atrás, sin embargo, ello preocupa, porque se entiende que sabía perfectamente del caso y le apostó a que el asunto pasara desapercibido.
Sin embargo, sí le dio posesión a Elías Enrique Ramírez Escobedo, como subsecretario. En una entrega anterior nos referíamos a él, como ex funcionario de obras públicas en el Distrito Federal y en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, donde la Auditoría Superior de Fiscalización del estado lo anda requiriendo por algo así como 95 millones de pesos que no ha logrado comprobar.
En una parte del texto derivado de la auditoría se establece que “la Auditoría Superior del Estado ha señalado en sus documentos de cierre de actas de auditoría a presuntos responsables de un desfalco en contra del Ayuntamiento de Benito Juárez, en el que figuran diversos ex servidores públicos que se desempeñaron al lado del ex alcalde Jaime Hernández Zaragoza y que deberán ser denunciados ante el Ministerio Público”. Luego se agrega una lista de presuntos involucrados como Carlos Trigos Perdomo, ex tesorero municipal; Humberto Aguilera Ruiz, ex director general de Obras Públicas; y Enrique Ramírez Escobedo, ex director de licitaciones, luego secretario de Obras Públicas en esa comuna.
La auditoría insiste en que no hay respaldos documentales que soporten la compra de materiales de construcción, pavimentación, material eléctrico, estructuras y manufacturas por un total de 95 millones 62 mil 44 pesos. Señala que especialmente se adolece de actas de autorización, bitácoras, material fotográfico y justificación. El oficio de orden de auditoría e inspección es el número ASE/AEMOP/000255/04/2010, resolución emitida con fecha 14 de abril de ese año.
Hay algunas empresas que aparecen como parte de las conexiones que generaron esos ex funcionarios, entre ellas Movimiento de Tierra, Pavimentos, Obras y Construcciones, S.A. de C.V. a la que se le pagaron en exceso cerca de 500 mil pesos; Edificaciones Zico, S.A. de C.V. casi 400 mil pesos de más y a Ingeniería y Perforaciones Peninsulares que recibió de más 170 mil pesos y cuyo principal responsable sería Ramírez Escobedo, que fungía como director general de Licitaciones y Contratos. Pero la mayor parte de los fondos no comprobados provienen de recursos de la alcaldía, de acuerdo al anexo II.
Más aún, se advierte que aún queda documentación por solventar, el equivalente a tres millones 793 mil 968 pesos, de cuyo proceso se desprenden nueve responsabilidades administrativas. Lo anterior sería suficiente para que el secretario considerara la revocación del nombramiento por los antecedentes del “servidor público”.
Pero se entiende que para poder seleccionar al equipo de colaboradores, se tienen que indagar los antecedentes de cada uno. ¿Cuál fue el mecanismo utilizado por Santiago Quijano?, pero además, él mismo proviene del Distrito Federal, si los incorporó es porque ya los conocía y entonces necesariamente sabe de los antecedentes que tienen.
Si ello es verdad, hubo alevosía, premeditación y todo lo demás, seguramente los querrá para desarrollar ciertas tareas que tienen que ver con el negocio nada transparente en la distribución de concesiones, estaríamos reproduciendo y quizás con creces la negra etapa que encabezó David Gómez Basilio, quien, se insiste, sigue haciendo de las suyas mediante una estructura casi completa de recurso humano que continúa operando en cargos claves de la dependencia y ello nos lleva a estimar que no se podrá pensar en un saneamiento por ahora.
Es decir, las cosas van a continuar igual o más mal que antes, porque hoy no sólo son los nuevos funcionarios con serias observaciones en sus anteriores desempeños en la administración pública, a eso le debemos agregar que Gómez Basilio permanece atrás, y no para ayudar a resolver los problemas, sino para dar seguimiento a muchos intereses que dejó a medio andar, a él le tocó iniciar la entrega de los nuevos permisos, por eso no se despega. Bueno, usted recordará que en una manifestación de protesta que hicieron quienes se están viendo beneficiados con las concesiones, realizada en el centro de Cuernavaca, apareció el ex secretario.
Cualquier ex servidor público que acaba de dejar su posición, lo menos que puede pensar es dejarse ver en condiciones como lo hizo él, deben por lo menos guardar las formas. Si no lo hizo, es porque los intereses que hay dentro son muchos y hay que dejar a un lado el pudor y la vergüenza, simplemente es imperdonable.
