Es un evento significativo y para darle realce, se ha diseñado un programa bastante atractivo, se decía que estará amenizado, entre otras expresiones musicales, por la Banda de Tlayacapan, que no es poca cosa. Además de algunas danzas y otros acompañamientos que advierten de una acción de convivencia bastante interesante.
Ya el Cabildo capitalino aprobó el cambio de nomenclatura, es decir, se cuenta con la placa que será colocada por los abogados y el propio acalde capitalino Jorge Morales Barud, quien encabezará la ceremonia, a la que están convocados otros personajes.
Es decir, dos de los tres poderes, porque por algún motivo de diferencias en las recientes semanas, los que promovieron y gestionaron el cambio de nombre no están considerando a representantes de gobierno estatal, muy particularmente no desean ahí al secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, pero sí al Poder Judicial y Legislativo.
Por cierto y no obstante que se trata de algunos integrantes de la Barra de Abogados quienes diseñaron el evento, sólo invitaron al diputado local Matías Nazario Morales, ni siquiera a Carlos de la Rosa Segura, que ya fue presidente de la barra, han incluido, menos a otros “representantes populares” a los que consideran “non gratos”.
Como que se trata de una especie de movimiento antagónico a ciertos sectores del poder público estatal y del Congreso del estado, se aprecia cierta selección de personajes que seguramente ayudaron a concretar los objetivos, pero abiertamente se omite agregar a figuras políticas y de Gobierno pocas veces excluidas.
¿Y OBSERVATORIO CIUDADANO?
Y en otro tema, nos preguntamos, ¿qué pasó con Observatorio Ciudadano? Si usted recuerda, unos meses antes de que terminara la administración de Marco Adame Castillo y en una intensa lucha por enfrentar los altos índices de inseguridad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública, un interesante proyecto denominado “Observatorio Ciudadano”, estrategia que incluye la participación de ciudadanos comprometidos con su entorno y que ofrecía acciones de innovación para poder dar seguimiento al trabajo policiaco.
En ese momento y siendo presidenta de Coparmex, Honorina Estrada, se integró incluso una asociación civil del observatorio ciudadano, para asegurarse que se trataría de un órgano autónomo, a fin de ofrecer mayor credibilidad en su desempeño ante tanta desconfianza a las instituciones.
Durante la última sesión de trabajo del Consejo Estatal de Seguridad, se aprobó un presupuesto para equipamiento de tres millones de pesos, que se entregó y se adquirió lo necesario como muebles, equipos de cómputo y el espacio, pero del mismo modo se determinó la liberación de otros tres millones de pesos en una segunda ministración, para darle forma a los programas, éstos debieron ser entregados ya en este Gobierno.
Pues ese dinero ya no llegó nunca, a pesar de que quedó en autos. Lo más reciente que sabemos, es que vía la Secretaría de Gobierno, se le dio forma a un Consejo Ciudadano de Seguridad a cuyo frente se encuentra Harry Nielsen y a quien, inéditamente, se le entregaron los tres millones de pesos de la asociación civil.
Pero fíjese las diferencias, la asociación civil que aún preside Honorina y quien diseñó el proyecto, Luis Rodríguez, establece un esfuerzo honorario, los principales responsables no cobrarían, a fin de mantener esa independencia. En cambio el famoso consejo está conformado por una pesada nómina y altos salarios pagados desde la Secretaría de Gobierno, evidentemente comprometido con causas muy diferentes. Y la pregunta sería, ¿cuál ha sido hasta hoy el papel de dicho consejo?, pues no sabemos, a menos que usted sí.
Y por si lo anterior no fuera suficiente, resulta que la Coparmex, hoy en manos de Juan Carlos Salgado Ponce y Juan Pablo Rivera Palau como presidente, acaban de someter a asamblea la decisión de absorber toda la infraestructura de la asociación civil, o sea que se adueñarán de equipos, muebles, espacios, cuando fueron asignados explícitamente a la asociación, para acabar pronto un auténtico despojo.
Quienes habrían impulsado esta maniobra son los antes señalados y el tesorero Eduardo Nyssen, pervirtiendo la sana intención y el proyecto original, que era crear una instancia de verdadero esfuerzo ciudadano, algo se tendría que hacer al respecto, ¿no le parece?
SALAZAR HERNÁNDEZ, EL DESASEO
Por otra parte, sobre la negativa del Congreso local a autorizar la contratación de un crédito a la alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar Hernández, pesó mucho el terrible desaseo que en lo interno ha mostrado ese Ayuntamiento, que igual que algunos otros –léase el caso Temixco con Miguel Ángel Colín- no presenta trabajo, ni resultado alguno a más de año y medio de gestión.
Hay una inconformidad popular creciente que amenaza con desbordarse, por el descuido terrible en áreas fundamentales como la seguridad, porque no mantiene una coordinación con el Mando Único en una posición incluso contraria a las políticas estatales en esa materia.
Para quienes la conocen y saben de su pasado, no es sorpresa lo que viene ocurriendo. La señora carece de formación académica, bueno se afirma que se graduó como cultora de belleza y con esos conocimientos se enroló en asuntos de política pública. Como siempre, de manera tardía, la mayor parte de la sociedad de Jiutepec reconoce que se equivocó al apoyarla para el cargo que desde luego no desempeña, el asunto es que parecen no tener salida porque tendrán que soportarla algún tiempo más.
Y decimos que sólo un tiempo, porque hasta eso, viene, según ella, preparando el camino para saltarle ahora a una diputación federal o local, pero por la vía del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se acaba de constituir como partido.
