Y se trata indudablemente de asuntos que llevan cierta resonancia y que de alguna manera, son un reclamo colectivo al que no se le ha dado crédito ni respuesta y que ahora, pudieran encontrar alguna salida si es que en verdad son tomados con la seriedad necesaria por las instituciones competentes en la materia.
El PRI ha logrado, mediante una consulta ciudadana directa, recabar varios millones de firmas con su propuesta de reducir diputaciones federales y senadurías plurinominales, algo que hace mucho se reclamaba desde distintas trincheras. Era claro que tendría una amplia respuesta positiva, como ya se ha visto. Pero por encima de la voluntad política de aceptar reducir el número de “representantes populares” no electos en las urnas, la estrategia del tricolor es ganar simpatías populares y utilizar la medida como atractivo electoral.
Los perredistas optaron -ahí en coincidencia con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- por realizar una consulta enfocada a intentar la derogación de la reforma energética, también un tema muy sensible a los mexicanos, con el argumento, válido o no, de que se están entregando esas riquezas a los grandes consorcios internacionales.
Es seguro que el asunto lleva propósitos de propaganda electoral, será el discurso recurrente de los candidatos de las izquierdas en el 2015, si llegara a prosperar, que lo dudamos, será ponderado como una victoria ante el pueblo, sí no es así, lo usarán como argumento para exhibir al gobierno en turno como vende patrias y jalar la mayor cantidad de sufragios a su favor.
En el caso de Acción Nacional, se fue por la consulta en torno a la necesidad de incrementar el salario mínimo a rangos constitucionales, es decir, en un porcentaje bastante considerable, aunque aquí el gobierno de la ciudad de México, también lo está poniendo a consideración de los capitalinos, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera ya hasta estableció posibles porcentajes y desde luego que la tendencia es la misma, lo transformarán en slogan de campaña, no cabe la menor duda.
En cada uno de los casos, las consultas lograron el número de firmas suficientes como para que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo analice y lo valide, ahora habrá que esperar si el proceso legal es equitativo en cada uno de los temas antes referido, es altamente posible que sí se logre reducir el número de diputaciones y senadurías por la vía de representación proporcional, muy difícilmente se aceptará dar marcha atrás en la reforma energética y en el caso de los salarios, el incremento concedido tampoco será de grandes alcances, por ahí la vemos nosotros.

¿Alerta de género?
En otro tema, grupos de distintas tendencias y militancias partidistas siguen presionando a fin de que en Morelos se instituya la alerta de género, por los múltiples casos de asesinato de mujeres, sin embargo las instituciones locales continúan oponiendo resistencia, considerando que el asunto no es tan grave como en otros estados.
La cosa es que si ello ayuda a evitar más desgracias en ese sentido, no se tendría que pensar dos veces, aunque ello también representa gastos adicionales a los que seguramente no se desea hacer frente, pero tratándose de vidas humanas, todo esfuerzo vale la pena.
El tema se recrudece con el reciente crimen en contra de una actuaria del Tribunal Superior de Justicia agredida en Temixco, cuyo caso levanta voces de compañeros de gremio, aunque en la práctica eso tampoco tenga mayores repercusiones, los propios abogados aceptan que de cuatro o cinco asesinatos anteriores, ninguno se ha esclarecido.
La cosa es que a pesar de escandalosos sucesos, no se aprecia una reacción del mismo tamaño por parte de las instancias competentes en materia, y una vez consumados los delitos, tampoco hay un trabajo de investigación suficiente como para poder aplicarle la Ley a los criminales, es decir, decía el abogado Juan Juárez Rivas, seguimos en medio de una terrible omisión institucional en el cumplimiento del deber, cosa que da tranquilidad a los delincuentes.
Para corrientes en defensa de los derechos humanos, como la Comisión independiente encabezada por José Martínez Cruz, es ya inaplazable instituir dicha medida y sostiene que nuestra entidad es una de las que muestra mayores delitos en contra de mujeres a nivel nacional.
El reclamo es ya añejo, desde mediados de la administración de Marco Adame Castillo, cuando los índices de inseguridad se dispararon, se hicieron todo tipo de demandas, sin embargo, la posición fue la misma, no hay razones suficientes como para adoptar esas medidas, la cosa es que el fenómeno continuó, quizás en una tendencia menor alarmante, pero de todas maneras con incidencias constantes.
Hoy volvemos a apreciar una seria posibilidad de que al fin se admita y eso traería por lo menos mayor tranquilidad al sector femenino. El Instituto de la Mujer debería ser el espacio desde donde se tendría que presionar con mayor insistencia al respecto, pero no está reaccionando en función de las circunstancias, queda claro que se trata de un órgano controlado que no cumple con las expectativas para las cuales fue instituido.
Mucho se ha dicho que la salida, como titular de esta instancia, de Adriana Mujica Murias obedeció precisamente a un comportamiento poco institucional, que de vez en cuando intentaba por lo menos mostrar mayor combatividad y compromiso con la mujer, igual y resultó incomoda, de ahí que se decidiera su relevo.
Pero como ya advertíamos en otra entrega, no estamos ante un fenómeno de inseguridad privativo del sector femenino, la delincuencia sigue golpeando a hombres, mujeres, niños, adolecentes, no importa la edad ni la condición social, cualquiera puede ser víctima de la maña hoy día.