Son ya ocho años de inestabilidad en ese sentido, pero el calvario no ha terminado, seguimos en medio de un escenario inseguro y en donde las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los secuestros y todo tipo de vejaciones son cosa de todos los días, porque no obstante haberse multiplicado el presupuesto orientado a generar estructura y fortalecer la lucha contra la delincuencia, los resultados no llegan como los quisieramos.
En efecto, alcanzar el sueño de la pacificación demanda del interés de la misma sociedad, aunque la verdad, tampoco las instancias gubernamentales son confiables, en muchas ocasiones, denunciar, así sea por la vía anónima a los enemigos públicos, pone en riesgo la vida de quien lo haga, los propios “servidores públicos” coludidos con los maleantes sirven de soplones.
Más difícil es tener logros cuando algunos sectores sociales protegen a esos delincuentes, ya sea por familiaridad o por intereses y hasta posible coparticipación en esos actos de delito. Nos referimos al tema, porque la semana pasada, un nutrido grupo de personas provenientes de la comunidad de Ocotepec bloqueó la avenida Emiliano Zapata, a la altura de la Fiscalía General de Justicia del estado, para exigir la libertad de un presunto delincuente que había sido detenido.
El sujeto es parte de una banda que viene cobrando derecho de piso en diversos negocios de Cuernavaca y el área conurbada, en este caso en particular, recibía dinero por ese concepto de parte de concesionarios del sitio Plaza Chapultepec. Al respecto, el permisionario, Enrique Rodríguez Zagal, presidente de la Coalición de Transportistas de Morelos, explicó que “desde hace ya buen tiempo esa pandilla estaba cobrando a los compañeros, se inició un trabajo de investigación para identificarlos, las autoridades nos aconsejaron que en la más reciente entrega, tomáramos todos los datos de los billetes a ser entregados, como número de serie e incluso fotografías, y así lo hicimos”.
Y menciona que “a la hora de gastar el dinero, fue localizado con facilidad, se trata de un ex vigilante de las brigadas de Ocotepec, ahí están las pruebas, no hay error, el señor es uno de los maleantes que mantienen asolada a toda la zona, pero ahora resulta que un grupo de ciudadanos demanda su excarcelación, eso es inédito”.
Claro, seguramente las investigaciones continúan adelante, hay que profundizar incluso para poder atrapar a los demás miembros del grupo, es decir, se tiene que probar su responsabilidad, pero de entrada, no es para nada conveniente dejarlo en la calle para que siga haciendo de las suyas.
¿Cómo vamos a vencer a esos enemigos públicos mientras los propios ciudadanos los apadrinen?. Insistimos, igual y podría haber algún error, que así como nos platican, es muy difícil, pero de entrada, se le tiene que permitir a las autoridades competentes desarrollar las investigaciones y de haber delito que perseguir, pues ni modo, dejar que se apliquen las sanciones que en Ley competan. Igual y quienes se oponen son familiares, eso no cambia la historia, en todo caso estarían siendo corresponsables de las actitudes delincuenciales del sujeto en referencia, por tolerar sus acciones, si es que están enterados de ello.
No la población en sí, pero un porcentaje considerable en esta comunidad ha mostrado un comportamiento de apoyo y hasta tolerancia a las actividades delictivas, por eso un buen tiempo no permitían la incursión de las fuerzas del orden público, federal, estatal y municipal, argumentando usos y costumbres.
Mucho se ha insistido en que en este territorio hay una especie de refugios muy bien resguardados en donde se esconden unidades vehiculares robadas en esta parte central del estado. Corralones bastante discretos a los que sólo acceden personas autorizadas. En alguna ocasión dialogando con uno de los lugareños, persona muy honorable, por cierto, reconocía que “a veces, las mismas autoridades auxiliares, como los ayudantes o comisariados han sido los que alimentan y protegen la delincuencia y casi toda la población lo sabe, pero para evitarse problemas guarda silencio”.
Nunca podríamos estar de acuerdo con comportamientos de esa naturaleza, los valores, la ética y la honradez es algo que como miembros de una familia, sociedad, estado o país debemos de fomentar,la ausencia de los mismos es lo que nos ha llevado a perder el control hasta de nosotros mismos.
La Fiscalía General de Justicia no puede ni debe ceder a presiones, claro, si es que se tiene la certeza y convicción de que se trata de uno de los miembros de ese grupo de delincuencia organizada. Por el contrario, hay que ir por el resto de los malhechores y ponerlos a buen resguardo, sólo faltaba que nos comiencen a tomar la medida.
Por el contrario, si los propios ciudadanos se hicieran el propósito de denunciar y evidenciar a todos aquellos malandrines que pululan por todos lados e hiciéramos una defensa en común, otra cosa sería, pero jamás alimentar la impunidad y complicidad como pareciera ser el caso que nos ocupa.
Ya para tener la capacidad de extorsionar a negocios y establecimientos significa que se trata de una banda bastante fuerte y peligrosa e igual, ésta es sólo una de las actividades del delito, podrían estar implicados en otras acciones igual o más delicadas, por eso habrá que buscar el desmantelamiento.
Ahora bien, para que alguien meta las manos al fuego en casos como éste, es porque se está viendo beneficiado de alguna forma y entonces nos encontraríamos en medio de un entorno de complicidades y omisiones que reflejan el estado de descomposición en que nos encontramos en algunos lugares, donde recuperar el Estado de derecho es casi imposible.
