En ese tenor es que la asociación de abogados laboralistas hizo lo propio y llevó al recinto legislativo una propuesta alterna que para nada nos parece mal, porque se trata de personajes con muy amplia trayectoria en el litigio, la vida pública y la academia en el estado, de tal manera que habrá que esperar la reacción de los diputados, porque si lo desean, tienen tela de donde cortar.

Bueno, el presidente de la propia asociación, Juan Juárez Rivas, es uno de los que aparecen en la lista, también el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Raúl Vergara Mireles, y quien en su oportunidad fuera legisladora local, Rocío Carrillo Pérez. Lo primero que pudiéramos abonar a favor de ellos es que son personajes con fama de honestidad y prestigio, que es algo difícil de cultivar.

Pero uno a uno estimamos que los tres primeros nada tendrían que hacer en caso de una elección pensada en función de los intereses ciudadanos, algo que seguramente será imposible de lograr. Juárez Rivas es un abogado talentoso, muy proclive a la lucha social, sin embargo, su combatividad se ha convertido en un obstáculo para que logre espacios de participación electoral o algún cargo público.

Para acabar pronto, es de esos personajes incómodos que suelen decir lo que piensan, un crítico de todo aquello que considera incorrecto e injusto y ya sabe usted que a los políticos eso no les gusta mucho, así es que, en la medida de lo posible, lo mantienen alejado, sin embargo, pareciera ser lo que se necesita en estos momentos para medio enderezar el camino que se antoja muy torcido.

De Vergara Mireles qué podemos decir. Es todo un profesional, ya se desempeñó en algunos cargos públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno a nivel estatal, no fue malo, pero en su más reciente etapa profesional optó por el lado académico, es director de la Facultad de Derecho en la UAEM y se nos antoja el ideal para la Fiscalía. Por lo menos en calidad personal, muy por encima de los tres propuestos oficialmente.

En el caso de Rocío Carrillo Pérez, que ya también fue diputada local hace algunos años, luego de ello se ha dedicado al litigio y eso es andar en la calle resolviendo problemas, o sea, enderezando chuecos y torciendo derechos. No desconoce para nada el ámbito relacionado con la persecución del delito, por eso consideramos que los diputados deberían por lo menos analizar un poco esta propuesta y de paso, darle un poco de libertad e independencia a una Fiscalía que, al paso que va, se convertirá en apéndice de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, algo que nunca se había dado, porque desarrollan funciones diferentes y es lo congruente, que se manejen con autonomía una de otra.

Claro, con un recinto legislativo que muestra una docilidad absoluta a los intereses del Poder Ejecutivo, poco o nada se podría esperar, lo más seguro es que actúen conforme a las señales e indicaciones que se les den. Ojalá nos equivoquemos, la verdad nos daría gusto, pero francamente no creemos ya en los santos reyes y a los señores “representantes populares” los vemos sometidos y doblados, cuando hicieron ver que sería lo contrario.

SAPAC: ¿cómo limpiar el desaseo?

En otro tema igualmente delicado, a medida que se acaba el tiempo de la actual administración municipal en Cuernavaca, cunde la preocupación en espacios como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), porque hay un terrible desaseo que se traduce en la fuga de importantes cantidades de dinero, propiciada sustancialmente a partir de la integración de los miembros del consejo de administración, en cuyo cargo convergen cinco regidores, entre ellos, panistas y perredistas.

Y la preocupación es porque no encuentran la manera de maquillar el asunto a fin de que el nuevo gobierno que iniciará a partir del primero de enero con Cuauhtémoc Blanco Bravo a la cabeza, no le comience a rascar al caso, porque se encontrará con desafortunadas sorpresas. Para empezar, lo que se indica desde el interior es que cada uno de esos cinco regidores, entre esos, Valdemar Castañeda Trujillo, Felipe Hidalgo y otro de Manuela Sánchez López, tienen 10 “aviadores” que cobran cantidades importantes. Es decir, son cincuenta, que de manera conjunta significan una sangría para las arcas del sistema, independientemente de muchas irregularidades más.

O sea, tienen copado al director del sistema, Ignacio Figueroa Cisneros, que con tal de no meterse en enredos, ha permitido cualquier cosa, porque además, son cinco regidores con cierto peso en las decisiones del cabildo y si se pone rijoso, pues simplemente lo botan de esa responsabilidad con las manos en la cintura, así que no hay de otra más que entrar en complicidad.

Pero la cuenta regresiva ha comenzado, la comisión que tiene que ver con la entrega-recepción del SAPAC tendrá que ponerse muy lista a fin de que comience a exigir cuentas claras a los responsables del manejo de un organismo que es fundamental para la prestación de un servicio de agua de calidad en la capital. El consejo de administración fue pensado para lograr mayor control y eficiencia, no para desmantelar sus finanzas, como ha venido ocurriendo; las cosas tienen que cambiar para bien.