Los compromisos contraídos en el proceso electoral los llevan a saturar de personal todas las áreas, hay en casi todas las comunas, una sobrepoblación laboral y no porque quieran ayudar a quienes no tienen chamba, sino porque con el erario público pagan toda clase de favores y apoyos políticos, incluyendo financiamientos electorales.
Pero aún en todo ese desaseo, hay aquellos que de plano se pasan de la raya. En esa situación se encuentra el ayuntamiento de Emiliano Zapata.
Lo que decía un funcionario de esa comuna es que la ex "alcaldesa" Catalina Ríos tenía en nómina, hasta ahora, más de 150 personas, porque con el edil destituido siguió manejando la administración a su gusto.
Para seguridad personal mantenía entre ocho y 10 policías, otros tantos su esposo, el ex edil, pero además, sus hijos requerían de lo mismo y para completar el cuadro, los peones de sus ranchos y residencias también eran asalariados de la presidencia. Para acabar pronto, durante los tres años que gobernaron ellos y los tres del removido, o sea, seis, todo lo pagaba el ciudadano.
Bueno, se agregaba que como todo aquel que le gusta la farándula, son adictos a las carreras de caballos y a las charreadas y en cada evento ocupaban unos 80 o 10 policías para ofrecer seguridad y todos ellos con cargo a la nómina oficial.
Habría que imaginar cuál era el costo en dinero de todos esos “aviadores”, porque al ciudadano no le ayudaban en nada, su comisión era en función de Catalina y su pareja y tampoco crea que ganaban como lo que eran, trabajadores sin preparación que normalmente tienen un salario de tres o cuatro mil pesos al mes, no, ellos obtenían entre 14 y 15 mil pesos mensuales, porque la cercanía con los señores.
Por eso es que el conflicto en esta localidad parece una “papa caliente”, no es fácil de resolver y es que, a pesar de que se les ha probado que su desempeño no tenía relación directa con la alcaldía, están demandando una liquidación conforme a derecho, aquello que tiene que ver con prestaciones, aguinaldos, salarios caídos y otros rubros que llevan a cuentas por arriba de los 500 mil pesos por cada uno.
Se nos explicaba que al asumir el cargo como interina, Olga Castillo Montesinos ordenó a todos los empleados concentrarse en sus centros laborales y muchos brincaron, salieron con que estaban comisionados, que prestaban servicios en tal o cual lugar, pero que era parte de los compromisos con el edil.
Pero la mayoría de ellos ganaban muy bien y se decía que uno dijo ser fontanero y la presidenta le ordenó que se fuera entonces a realizar su chamba y éste le respondió, “es que yo no sé qué es eso”, porque les habían designado una plaza con un ingreso que valiera la pena, pero en su vida habían hecho esa labor.
Hasta donde se sabe, Castillo Montesinos ofreció no iniciar denuncia alguna en su contra siempre y cuando ellos tampoco lo hicieran, además de pagarles las quincenas que se les debía, pero hasta ahí, es decir, que en su calidad de “aviadores” por lo menos evitaran mayores conflicto a la comuna, pero buena parte de los mismos no lo aceptaron, continúan presionando.
Claro, sí hay aquellos que han tenido que pagar facturas ajenas, empleados que sí laboran, pero a los que, en esa falta de recursos se los llevaron al baile y les deben dinero atrasado. Muchos vienen siendo asesorados por el abogado Juan Juárez Rivas y buscaban llegar a un arreglo con la presidenta y la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, en palacio de gobierno. Las cosas no habían avanzado mucho, a pesar de la firma de un convenio entre todas las partes, incluyendo al presidente municipal electo, Fernando Aguilar Palma, el más interesado en que se aplique a fondo la limpia pero resolver el dilema. Con el histórico saqueo que se dio, es casi cosa de locos, no dejaron un pelo, se llevaron todo y hasta más.
Y buscando cómo enfrentar el futuro, otros empleados se declararon constituidos en un sindicato, pero igual pudieran correr la misma suerte que muchos más, ser despedidos, porque sucede que no han podido lograr que los tribunales laborales les den la toma de nota y mientras eso no ocurra, no hay tal organización sindical, a eso se le tendrá que dar formalidad.
Sobre el tema, la titular del trabajo, Gómez Orihuela decía que los ayuntamientos gozan de autonomía y en las condiciones que están, los alcaldes son los que deciden si despiden o no personal antes de entregar a sus sucesores, aunque aclaraba que “nuestra responsabilidad es que si deciden terminar la relación laboral, tienen que pagar conforme a derecho, por eso los estamos enviando al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje”.
Por su parte, Juárez Rivas consideraba que lo anterior sería faltar a la responsabilidad, que de acuerdo a los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, la dependencia referida tiene la obligación de velar por el empleo y la seguridad laboral en todo momento y a menos que ya no existan recursos de defensa, ir por la liquidación de ley.
La verdad es que si viviéramos en un estado de derecho, Catalina Ríos tendría que ser sometida a proceso, el saqueo que hizo durante seis años, incluyendo a su esposo, es casi impensable, lo inédito es que la comuna se mantuviera de pie, es un caso sin precedentes, para un territorio relativamente pequeño. Se lo decimos: no pasará absolutamente nada, lo que alimentará los actos de corrupción a niveles infinitos.
