Ante la falta de datos, respecto a asuntos fundamentales de la condición que vive el Ayuntamiento, la alcaldesa electa decidió instalar una mesa de recepción de quejas y denuncias en la explanada del edificio de la comuna, acto que incluso provocó la reacción de algunos integrantes del cabildo, que se resistían a permitirlo.
Entre los que entraron incluso en discusión contra los colaboradores de Mota Ocampo, estuvo la regidora Mariela Rojas y fue necesario que algunos otros actores, con mayor madurez y sensibilidad, intervinieran para que se facilitara la colocación del mobiliario a fin de que se procediera a atender a ciudadanos, proveedores y hasta trabajadores, a quienes no se les han cubierto algunas quincenas y parte del aguinaldo del año pasado.
En efecto, los responsables de las brigadas permitieron que esos empleados, algunos procedentes del área de servicios sociales y de limpia, a quienes se les debe, fueran a exponer su problema, cosa que también generó advertencias en el sentido de darlos de baja.
Al respecto, Mota Ocampo calificó de inhumano el hecho de que a ese personal que gana el salario mínimo no se le estuviera pagando. “Ellos y sus familias comen con ese dinero, por eso necesitamos que nos aclaren cuál es su situación para poder comenzar a buscar recursos y una vez en funciones corresponderles”.
Aunque también dijo estar enterada de que a los regidores se les dejó de cubrir sus dietas desde febrero pasado, “o sea en conjunto, a ellos les deben más de siete millones de pesos, a los trabajadores algo así como 19 millones de pesos, por retención de impuestos al salario, de laudos vencidos, otros 16 millones. En total, algo así como 200 millones de pasivos acumulados, pero tenemos que recurrir a esto porque no se nos quieren dar las cifras exactas”.
Bueno, como se recordará, la Comisión de Hacienda del Congreso del estado debió intervenir y envió un extrañamiento a la comuna, en el que le ordenaba suspender el cobro del impuesto predial y catastral del año entrante. Además de ordenar a la Auditoría de Fiscalización iniciar una auditoría.
Por lo anterior, ya el cabildo entrante desplegó una campaña territorial, en la que se sugiere a los contribuyentes esperen a cumplir sus obligaciones fiscales hasta inicios de enero, con el compromiso de que los descuentos que se suelen ofrecer antes de fin de año, se prolongarán hasta febrero.
El ambiente no es precisamente de cordialidad entre los que se van y los que entran. Éstos últimos tienen la percepción de que se les viene ocultando información delicada, muy en particular, sobre las circunstancias financieras en las que se recibirá la administración.
Y Gisela Mota agregó sobre el asunto, que “nosotros vamos a contratar un despacho externo para que revise todas aquellas dependencias en las que se nos ocultan datos, a fin de deslindar responsabilidades, y si llegara a haber motivo de denuncia, se iniciarán los procedimientos respectivos en las instancias a que haya lugar”.
No deja pues de resultar extraño el distanciamiento, partiendo del hecho de que se trata de cuadros del mismo instituto político, aunque quizás de corrientes diferentes, ya ni en Cuernavaca, acá por lo menos hasta este momento, no se aprecian inconvenientes serios entre el alcalde Jorge Morales Barud y su sucesor Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Hasta donde sabemos, las comisiones de entrega-recepción avanzan sin mayores conflictos y se les viene presentando a los del próximo Cabildo, toda la información que piden, a pesar de que se trata de proyectos políticos muy diferentes.
Pero en este municipio al sur de la capital, hay más cosas, que todo indica, se tendrán que combatir legalmente por el gobierno entrante. Como aquello de que, de pronto, empezaron a aparecer más sindicatos, integrados en su mayoría por personal de confianza de funcionarios y regidores.
Se habla de uno que tiene sólo 12 afiliados, otro con 16 y uno más con 18, que son de reciente creación y cuyo fin es evitar que esos empleados sean despedidos. Se presume que no cuentan con mucho soporte, porque carecen de toma de nota de parte de los tribunales laborales respectivos, fueron impulsados al vapor.
Las mesas de atención ciudadana y recepción de quejas buscan formarse un criterio real de la situación a fin de medir el alcance de las necesidades y si se requiere, recurrir a la solicitud de algún financiamiento crediticio o en su caso fortalecer el esfuerzo de gestión para poder arrancar sin muchos problemas la administración, pero no está siendo nada fácil.
Las diferencias son muy evidentes y pueden acabar en las instancias legales, por lo que se ve y en ese contexto, es de considerar que el presidente municipal Colín Nava se arriesga mucho, porque en un conflicto legal no tendría a quien recurrir, tampoco lleva muy buena relación con el gobierno estatal.
Desde el régimen estatal no le perdonan que políticamente se manejara siempre en alianza con el senador Fidel Demédicis Hidalgo, quien encabeza una corriente política contraria al gobernador, por eso hubo casi nulo apoyo a esa comuna durante todo el trienio, de tal manera que si algo le sale mal, no tendría en quien apoyarse.
Pero tampoco es el único Ayuntamiento en serios problemas, la mayoría anda en las mismas y de última hora, todavía algunos que están por entregar se acercaron a la Secretaría de Hacienda del estado para intentar algún aliciente, aunque la respuesta fue negativa, porque estarían cargándole todavía más la mano a los que vienen, que serían los paganos.
