Las respuestas ofrecidas por las autoridades estatales fueron revisadas, hubo mucha polémica porque buena parte de los miembros del Consejo Universitario siguen dudando del cabal cumplimiento de los convenios, a partir de muchos antecedentes que dan fe de que quienes gobiernan el estado se han significado por su falta de respeto a la palabra empeñada.

No obstante y con la promesa por escrito, estimaron que lo más prudente era conceder el beneficio de la duda, de otra manera volverían a salir a las calles, pero ya con otra actitud para hacer respetar los intereses de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El rector Alejandro Vera Jiménez y algunos de los directores de facultades, líderes de sindicatos y de la representación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), agradecieron la solidaridad y el apoyo recibido de toda clase de expresiones y liderazgos en el estado y adelantaron que a partir de ahora esa comunidad participará en defensa de los derechos de pueblos, comunidades y organizaciones que se vean amenazadas en sus intereses.

En su conjunto, las 13 demandas universitarias representan más de 700 millones de pesos, ya incluyendo obras y recursos de apoyo, acciones que venían siendo retenidas desde el gobierno estatal y cuyo reclamo los obligó a salir de las aulas.

Pero en esos mensajes de despedida igualmente se hicieron algunas precisiones, como aquello de que la UAEM es uno de los pocos refugios morales en el concierto de las instituciones públicas del estado, porque particularmente en lo que corresponde al desempeño de funcionarios en la administración pública, se acabó la decencia y la ética.

Vera lamentó las campañas negras que desde las esferas políticas se pusieron en marcha en su contra, y advirtió a los universitarios que los enemigos de la máxima casa de estudios se encuentran fuera del campus universitario y hay que enfrentarlos con valor.

Por encima de los acuerdos con gobierno, hay dos puntos pendientes que vienen siendo ventilados en el Congreso local, el correspondiente al 5% pro UAEM, aportado por los municipios y lo que tiene que ver con la Ley de Participación Ciudadana.

Aquí también la postura fue muy clara, al señalar que estarán al pendiente de la actitud que asuma el Poder Legislativo y de haber traiciones de parte de algunos diputados, serán señalados y exhibidos. La demanda es que ya se conforme el Consejo Ciudadano en la materia.

Conforme a sus análisis, el recuento de los resultados fue positivo, pero reiteramos, muchas expresiones al interior del consejo mostraban desconfianza e inseguridad de que sólo se tratara de una posición gubernamental en busca de desactivar el plantón.

Sin embargo, volver a engañarlos representaría un riesgo inminente de enfrentarse, ya no a la comunidad universitaria en pleno, sino a decenas de frentes más que por esta ocasión sólo ofrecieron muestras de solidaridad, pero que si de requerirse, se sumarían a las protestas públicas y ya con demandas mucho más profundas.

La abolladura política causada al régimen estatal por parte de las protestas de la UAEM todavía no es medible, habrá que esperar un poco para ver sus alcances, pero sin duda abonó significativamente en el descrédito que ya se venía arrastrando por lo menos, de un año a la fecha, que es el periodo en que más credibilidad perdió la autoridad.

JAIME DE LA TORRE, MUESTRA DE LA INHUMANIDAD

En otro asunto, el caso del ex secretario de Administración y Finanzas Alfredo Jaime de la Torre es una  muestra de la actitud persecutoria de este gobierno en contra de todo aquel que no comulgue con sus ideas e intereses, al presunto indiciado, a quien acusan de irregularidades en el manejo de presupuesto al paso por esa dependencia, no le han logrado probar nada, pero lo mantienen tras las rejas.

Y decimos que se ha procedido con saña en su contra, porque el trato que le han dado ha sido inhumano, no corresponde al que reciben otros reos. Hace unos meses, murió su madre y no le permitieron ir a despedirla como corresponde, que por instrucciones superiores.

El señor enfrenta graves problemas de salud y tampoco se le han venido proporcionado los medicamentos para ello, en una clara intención de acelerar su malestar. De la Torre debía presentarse una vez más a una audiencia respecto a su proceso, pero simplemente no pudo llegar por lo delicado de su salud.

La situación que enfrenta no es legal, porque hasta hoy no cuentan con elementos de prueba para que continúe privado de su libertad, el asunto es político y todo lleva a considerar que lo agarraron como chivo expiatorio, a fin de darle cierta validez al reiterado argumento de que en la administración anterior hubo grandes hechos de corrupción.

Este gobierno se llevó los primeros tres años acusando a sus antecesores de cualquier desacierto que se cometía en la administración pública. Sin embargo en mucho menos de ese tiempo empezaron a aparecer señales de saqueo y de desmantelamiento de las instituciones, por parte de aquellos que habían ofrecido acabar con el abuso en el ejercicio del poder.

El hilo se rompe por lo más delgado y Alfredo Jaime parecía el más débil porque también se la quisieron cuadrar a quien ocupaba ese cargo antes de él, a Alejandro Villarreal Gasca, sólo que éste advirtió de la persecución y contrató asesoría legal para combatir las embestidas. No pudieron llevarlo a la cárcel, como se intentó, si acaso le echaron a caminar sendas campañas de desprestigio que con el paso del tiempo se revirtieron.

Pero el ejercicio del poder público es una rueda de la fortuna, hoy estás arriba, mañana podrías tocar piso, validando aquella expresión en el sentido de que los carniceros de hoy serán las reses del mañana y aquí ya existen sobradas razones como para aplicarles todo el peso de la ley a más de un “servidor público”.