Como la mayoría de asuntos delicados, la revisión debió hacerse luego de una serie de presiones externas, agrupaciones de abogados, contadores y Organismos No Gubernamentales (ONG), ante muestras de ausencia de claridad en el destino del dinero.
Pero las múltiples voces que se empezaron a pronunciar sobre el tema, acusando abiertamente al gobierno de desvío millonario de esos fondos, propiciaron que los grupos parlamentarios afines al régimen, en acompañamiento con el estado, empujaran la salida de la auditoría de Luis Manuel González Velázquez.
La maniobra era obvia, había que instalar en su lugar a un funcionario que garantizará impunidad y protegiera los intereses de Palacio, entonces se pensó en Loredo Méndez, quien en ese entonces, era colaborador, en el cuerpo de asesores, de la hoy diputada federal Lucía Meza Guzmán en el recinto legislativo.
Las reacciones a tal imposición, porque no se le podía llamar de otra manera, llevó a una serie de protestas, muy particularmente de colegios de contadores públicos que reclamaban un proceso abierto a fin de que ese organismo mantuviera cierta independencia de la administración estatal.
No había manera de impedirlo, se tenía que colocar a alguien que hiciera el trabajo de limpia de evidencias comprometedoras y con los recursos a su alcance, que generalmente son económicos, se consiguió que la absoluta mayoría de “representantes populares” nombrara a Vicente.
Claro, habrá que ver de qué manera se justifica el uso de un recurso que de acuerdo a las normas y reglas en materia de contratación de créditos, debía ir a inversión pública, porque en su oportunidad se admitió que unos 300 millones de pesos se habían destinado al pago de salarios del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y ese sólo hecho es merecedor de sendas sanciones a los responsables, en este caso el jefe del Poder Ejecutivo, para comenzar.
Los dos mil 806 millones fueron entregados a la Secretaría de Hacienda en tres ministraciones y de esa suma casi 500 millones de pesos tenían que aplicarse en la construcción de la nueva sede del Congreso local. Es decir, esa cantidad ha estado en manos gubernamentales durante más de dos años y así se encuentre depositada en alguna institución bancaria, pues a estas alturas los intereses generados deben ser significativos y estaremos hablando de un jineteo, de cuyos rendimientos alguien se está beneficiando.
Pero antes de dejar la entonces Auditoría Superior de Fiscalización, ya González Velázquez había dado a conocer que la auditoría estaba prácticamente concluida y entonces la nueva revisión sólo llevó un objetivo: maquillar las cifras para cambiar sus contenidos, no hay otra explicación.
Hay que esperar que la actual legislatura haga las revisiones pertinentes a los resultados entregados por Loredo Méndez. Desde hoy le anticipamos que serán totalmente bondadosos, es decir oficialmente no hay nada que esconder y el dinero quedó bien invertido, sin embargo eso no cambiará en absoluto la percepción que públicamente se tiene respecto al tema.
Para algunos entes que le han estado dando seguimiento al caso, conservadoramente, más del 50% de los dos mil 806 millones, o sea algo así como mil 500 millones no se ejercieron para los fines establecidos en el contrato, ¿entonces dónde quedaron? Ahí sí no podríamos precisarlo, pero seguramente que en nada que como gobernados nos haya beneficiado.
Intentando adivinar un poco, diríamos que a lo mejor, unos 400 millones pudieron orientarse a la compra de votos durante las elecciones del pasado 7 de junio del 2015, sobre todo en Cuernavaca y Jiutepec. Otros cientos igual y a la adquisición de bienes inmuebles y propiedades diversas del grupo que controla el poder estatal, una parte al Estadio Agustín “Coruco” Díaz y las migajas sobrantes a alguna obra sin trascendencia, no le vemos otra explicación más razonable.
Para acabar pronto, que la mayor parte del crédito se lo robaron de manera descarada, por cierto utilizando a los ayuntamientos de ese entonces con la promesa de que era para su rescate financiero, pero cuando se logró la aprobación del Congreso, cambiaron las cosas, la administración estatal dispuso de todo.
Por tal motivo, algunas organizaciones como la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) que por cierto hoy volverá a encabezar una marcha para pedir juicio político contra el gobernador por éstas y otras trapacerías, sostienen que en sólo tres años, este régimen ha desmantelado al estado de manera inmisericorde.
El problema es que han llegado a un punto en el que se les acotó el espacio de maniobrabilidad, debieron sacrificar a finales del 2014 más de 600 plazas, dando de baja a burócratas para disminuir gasto corriente y medio tapar algunos hoyos financieros por el derroche sin freno y ahora andan preocupados porque el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal les vuelve a pegar. Y entonces ¿intentarán despedir nuevamente a cientos de empleados?, seguramente.
Ojalá y en esta ocasión decidan cancelar cientos de espacios ocupados por personal traído de la Ciudad de México, a quienes vienen dando una especie de beca, porque lo que confiesan mandos menores es que son prácticamente “aviadores”.
La Federación está anunciando dichos programas de austeridad a fin de no afectar los rubros de inversión pública y social, o sea la obra pública continuará y en algunos casos hasta mejorará, pero aquí no apreciamos una sola señal que nos lleve a apreciar que por fin pensarán en el estado.
Más bien continuaremos con la parálisis en ese sentido, esperando que esta negra página en la historia del estado llegue a su fin y podamos abrigar la esperanza de un nuevo amanecer. Y no será un sexenio perdido, eso se quedaría corto, sino una administración de retroceso, pero para nuestra mala suerte, ya hay la amenaza de que se quedarán hasta el final para seguir apretándonos el cuello, faltaba más.
