Algunas estadísticas y estudios de mercado, entre ellas fuentes oficiales del instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), confirman lo que hemos sostenido, que hace buen rato venimos de reversa, la actividad primaria durante el 2015 decreció en un 20% y la secundaria en un 1.4%.
Si lo anterior es valorado frente al crecimiento poblacional, los números rojos son claros, el gobierno de Graco Ramírez Garrido ha resultado un fracaso y fraude para los intereses superiores de la entidad. Su falta de oficio en la materia, acompañado del desinterés que viene mostrando por mejorar las políticas públicas, además de una ofensiva opacidad en el ejercicio del dinero público, son algunas de las razones que nos llevan al hundimiento.
Sin embargo, tras la decisión legislativa de extinguir la comisión de participación ciudadana y declarar inconstitucional la revocación de mandato, los morelenses hemos sido traicionados por quienes manejan las instituciones, simplemente nos privaron del derecho a opinar y decidir, como suele suceder en cualquier democracia. ¿Tenemos el gobierno que merecemos?
Habrá que ver qué tanto sustento tiene la posición del senador Fidel Demédicis, en aquello de que ese tipo de determinaciones no son competencia local y que el asunto tendrá que resolverse en la Cámara Alta –senado y otros espacios de ejercicio político superior-, porque de no ser así, lo anterior ha sido una bofetada a los derechos de los ciudadanos.
Pero lo que viene aconteciendo en esta materia sólo nos confirma que Ramírez Garrido está consciente de que en tres años de ejercicio en el poder, perdió casi todo el capital político-electoral que lo llevó al cargo y sabe que cualquier consulta pública lo llevaría a una renuncia irremediable como gobernador. De ahí que busque desesperadamente impedir cualquier posibilidad de revocación de mandato, con el único objetivo de continuar en una responsabilidad, para la cual no supo estar a la altura de las circunstancias.
Con todos estos atracos perpetrados en contra de los derechos colectivos, vivimos en una dictadura y autoritarismo del cual no se tienen precedentes. Motivos para el enojo ciudadano hay de sobra, quien ocupa el Poder Ejecutivo mintió cobardemente cuando en campaña ofrecía pacificar el estado en 18 meses, someterse a consulta pública cada dos años y hacer de Morelos un territorio de avanzada.
Ya lo decíamos en lo que toca al desarrollo económico, han sido tres años y ocho meses perdidos, recuperarnos del desastre nos llevará años y las consecuencias son muy graves; desafortunadamente son las clases sociales menos favorecidas las que pagan la factura.
Al interior del régimen se actúa en medio de la mentira y la simulación, sus cifras son alegres en el tema que quiera abordar, no se diga en lo relacionado a la justicia y la seguridad. El descontento se generaliza, sin embargo el temor a la represión y la persecución obligan al silencio, pero podemos sostener que por lo menos, el 80% de la población desearía que Graco por decencia y algo de honorabilidad renunciara al cargo, a fin de pensar en un nuevo amanecer.
Pero la intención de los que gobiernan es otra, están decididos a seguir usufructuando las ventajas y privilegios que tienen a costa de lo que sea, de ahí que buscarán cerrar cualquier posibilidad que los pusiera en riesgo, como la consulta pública.
El asunto es que cuando no se tiene liderazgo, ni iniciativa para conducir un gobierno, se va directo al fracaso, eso es lo que está ocurriendo en esta administración que apenas entró a su segunda mitad. Con algunos años ya en nuestra actividad informativa, algo hemos aprendido de la política y es claro que cuando el gobernante en turno no tiene el acompañamiento, ni respaldo de su pueblo, está perdido.
Ramírez Garrido lo tuvo, por lo menos el suficiente para ir construyendo mayor consenso, pero pronto quedó claro que su arribo al poder venía acompañado de ambiciones desmedidas y muy apresuradamente inició una abierta rapiña al erario.
Los espacios clave en el régimen local se fueron asignando a familiares y amigos, compadres y cómplices de añejas acciones que mostraban ya la búsqueda de satisfactores personales. Ahí está el hijastro Rodrigo Gayosso al frente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin el más mínimo merecimiento.
La pareja, Elena Cepeda, madre de éste, en el sistema estatal DIF-Morelos abusando de las facultades legales en el cargo, que debe ser honorífico, y asumiéndose como la gobernadora por encima de Graco. La ex esposa Olga Durón está al frente del Instituto Morelense de Radio y Televisión, un órgano que debiera ser plural y abierto a la sociedad, pero que está dedicado a lavarle la imagen a los personajes instalados en palacio.
El sobrino de Olga, Javier Pérez Durón, como fiscal general de justicia del estado. Quien fuera el carga maletas de Garrido Abreu por años, Jorge Messeguer Guillén, como secretario de Movilidad y Transporte, haciendo lo que le place en esta trascendente actividad; y para colmo su esposa es rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor).
Y todo lo anterior, es apenas un pequeño ejemplo de la perversión con la que se conduce un gobierno que ofreció acabar con la corrupción y someterse a la voluntad popular cada dos años, con la oferta de que si ya no era aceptado, dejaría el cargo.
La denostación a los adversarios políticos fue siempre el discurso de Graco en su calidad de “opositor”. Desde Jorge Carrillo Olea, hasta Marco Antonio Adame Castillo, buscó permanentemente desacreditar a sus antecesores, a fin de irse abriendo camino, porque ya soñaba con llegar a la gubernatura.
Y cuando alcanzó el sueño, no supo qué hacer, se inclinó por el derroche, la buena vida, los lujos y los viajes de placer, y mire que por lo que se comenta, Cepeda de León es fina para eso; pero el dinero público no le alcanzaba y debió recurrir a un crédito para no hacer sacrificios. El colmo es que ahora va por otro y así como están las cosas, capaz que se lo autorizan.
Congreso local, sin facultades para anular revocación de mandato
Y luego de que el recinto legislativo local decidiera declarar inconstitucional la revocación de mandato y extinta la comisión de participación ciudadana, el senador de la República, Fidel Demédicis Hidalgo, calificó de improcedente esa postura.
El político temixquense aseguró que el recinto local carece de competencia para tomar decisiones como esa y que en todo caso, deberá ser el Senado el que defina cuál es el camino a seguir en torno al tema, pero advirtió que como en muchos otros temas más, es el gobernador Graco Ramírez quien intenta cerrar cualquier posibilidad de que el pueblo de Morelos se exprese respecto a su desempeño como tal.
Manifestó que en Palacio de Gobierno hay algunos miedos y el más sobresaliente es el de exponerse a una posible consulta de opinión, porque ya está consciente de que perdió legitimidad y respeto por haberse apartado del interés de los morelenses.
