Tanto la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), así como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), se ven superados por la carga de trabajo debido a su insuficiente infraestructura.

Buscando evitar largos procesos y costosas remuneraciones en lo que se refiere a liquidaciones por despidos injustificados, se ha venido impulsando el trabajo de conciliación; sin embargo, aún así, entre ambas instancias, sólo en lo que va del presente año han tenido que pagar poco más de 349 millones de pesos, en beneficio de los trabajadores demandantes.

Bueno, baste decir que en lo que se refiere a la JLCyA, tiene un pasivo laboral contingente de 14 mil millones de pesos y un universo de trámites de 20 mil 53, porque en promedio anualmente ingresan entre cuatro mil 500 y cinco mil demandas nuevas.

La difícil situación económica ha obligado a muchas empresas privadas y a los ayuntamientos a ajustar sus nóminas a la baja, pero no siempre se hace en función de la ley en la materia y ello lleva a los afectados a iniciar procesos legales, a fin de reclamar el pago de prestaciones.

Conforme a fichas informativas de la Secretaría del Trabajo del gobierno del estado, entregadas a La Unión de Morelos, cada vez son más los conflictos que se resuelven en la mesa, es decir entre empleados y patrones, sobre todo a nivel de iniciativa privada, donde hay un poco más de respeto a las normas.

Sobre el tema en lo general la titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, admite que la impartición de justicia laboral es muy compleja, demanda de mucha sensibilidad institucional, a fin de poder ampliar la cultura del respeto a las leyes laborales y de la búsqueda de acuerdos conciliatorios, ya que ello reduce considerablemente los montos de las liquidaciones.

Dijo incluso que en estos momentos, priva una especie de incertidumbre derivada del impulso de la reforma laboral, que incluye la desaparición de las juntas locales, pero que a pesar de haber sido ya aprobada por el Senado de la República y el Congreso de la Unión, tiene que pasar por las entidades federativas y dijo que “en lo particular, el gobierno de Morelos mantiene una posición en contra, no estamos de acuerdo con los cambios, porque hasta el momento no sabemos si se le ha destinado algún presupuesto y todo es cuestión de dinero, además de que  aplica cambios muy drásticos”.

Destaca que aún con décadas de experiencia, los actuales tribunales laborales no han logrado satisfacer cabalmente las exigencias de las partes en la aplicación de la justicia, por eso se ve con recelo la entrada en vigor de un esquema que parece presentar muchas lagunas y que además demanda de la creación de las instituciones y los espacios que la hagan funcional.

No obstante, destaca que mientras la reforma no se convierta en ley, aquí se seguirá haciendo un esfuerzo por combatir las injusticias en lo referente a los derechos laborales de la clase trabajadora, ya sea en el sector privado o en el gubernamental.

Lamentablemente, la falta de dinero o de sensibilidad de alcaldes, sobre todo para poder superar contingencias a consecuencia de laudos vencidos, sigue incrementando pasivos y actualmente requieren de más de 50 millones de pesos para resolver al 100 por ciento esa problemática.

Claro, hay ayuntamientos en los que las sumas son más significativas que en otros, Puente de Ixtla, por ejemplo, enfrenta 325 denuncias laborales que equivalen a 50 millones 718 mil. La mayoría se encuentra en proceso, aun no existe sentencia, pero se considera que si no busca resolverlas por la vía de la conciliación, acabará pagando mucho más que eso.

Las alcaldías en su conjunto tienen cerca de cuatro mil procedimientos legales en materia y necesitarían actualmente de 607 millones 400 mil pesos para dejarlos en ceros, algo imposible, desde luego. Bueno, el mismo Poder Ejecutivo tiene juicios por más de 33 millones de pesos, el judicial sólo cuatro millones 380 mil y el Legislativo por cinco millones 522 mil. Como se ve, es en las comunas donde se encuentra la mayor parte del relajo.

La preocupación es pues que con el fin de año, se advierte de cientos, quizás miles de bajas más en las nóminas de los ayuntamientos, que dispararán la problemática a niveles históricos, porque salvo algunas excepciones, los presidentes municipales no miden consecuencias y suelen tomar decisiones a la ligera.

El insuficiente techo presupuestal los lleva a reducir el número de trabajadores, pero no cuentan con fondos necesarios para liquidarlos conforme a derecho, el caso es que de mantenerlos activos, acabarán con incapacidad financiera para cumplir el pago de salarios. Se encuentran en una especie de callejón sin salida.

Como en cualquier ámbito, aquí también se dan casos en los que las alcaldías han sabido cuidar ese aspecto y no tienen dificultad alguna, uno de ellos es Yecapixtla, sólo tiene dos demandas que reclaman poco menos de 300 mil pesos. Otro es Tepalcingo con 15 juicios y un reclamo de casi 636 mil pesos.

Con todos estos antecedentes, comienzan a presentarse dificultades en la mayoría de las alcaldías, porque los cálculos de los ediles, son en el sentido de que no tendrán fondos suficientes para cubrir el pago de aguinaldos y han iniciado gestiones ante algunas dependencias del Poder Ejecutivo en busca de adelanto de participaciones.