Debo reconocer que mi forma de ver las cosas tiene un sesgo hacia la búsqueda de soluciones a los conflictos por consenso, con miras en el largo plazo, a las reglas claras, la repartición equitativa de los costos de la vida social y a la búsqueda del bienestar social.
Me parece que el bienestar social no es consecuencia de muchos bienestares individuales y que muchas veces, un bienestar individual arrasa con el bienestar de muchas personas.
Sin embargo, el bienestar social conlleva a formas individuales de vida con estándares adecuados para cada persona.
También tengo que reconocer que considero que los estímulos al esfuerzo son adecuados y, en la mayoría de las ocasiones, son necesarios para promover el bienestar social.
Es decir, no considero adecuado dar a todos lo mismo por la razón de existir. Sin embargo, considero adecuado asegurar a todas las personas un bienestar.
Primero quiero poner en la mesa que la Ley de Austeridad, que si bien puede en lo general ser aplaudida, en lo particular puede ser totalmente inadecuada para algunos sectores.
Ya hemos visto como la aplicación a rajatabla de esta austeridad puso en jaque a los servicios públicos de salud.
Es más, déjenme comentar que si bien las compras consolidadas de medicamentos pueden ser más baratas para el sector gobierno, pueden ser muy caras para la sociedad mexicana.
Seguramente esta frase no les parece correcta, pero déjenme exponer con mayor detalle mi observación. Para muchas personas es claro que al comprar por mayoreo las medicinas pueden ser más baratas para el que las paga pero ¿quién puede vender tal cantidad de medicinas?
Solamente una compañía muy grande puede hacerlo y buscará obtener la mayor ganancia posible en la venta escatimando los sueldos de las personas que intervienen en la distribución de las medicinas en todos los confines del país.
Sí, estas medicinas deben ser entregadas en muy diversos lugares, lo mismo en los hospitales de la Ciudad de México que en las clínicas rurales en medio de la sierra, por ejemplo.
En cambio, si se diera el dinero a los hospitales o a las clínicas para que estas medicinas fueran compradas a micro o pequeñas empresas pudiera haber una mayor distribución de la riqueza y aunque el costo de las medicinas fuera mayor, el pago de los salarios a las personas que repartirían estas medicinas también lo sería.
Por lo tanto, la distribución de la riqueza sería menos inequitativa, habría una distribución mayor del pago en la población.
Por otro lado, el pago de los impuestos de estas pequeñas empresas también retornaría al gobierno y finalmente a la sociedad.
No me parece obvio que toda la población gane al concentrar las compras en una empresa, y consideraría el análisis comparativo con propiciar el desarrollo de pequeñas empresas a lo largo de todo el país que surtan de medicinas a hospitales y clínicas.
Lo que sí me queda claro es que con las compras centralizadas solamente una empresa gana y, con ello, se promueve la concentración de la riqueza aumentando la pobreza en el resto de la población.
Con este ejemplo quiero abrir las posibilidades a la discusión de acciones que parecen buenas, pero que pudieran ser totalmente inadecuadas.
Así puedo regresar a la Ley de Austeridad, que aplicada a todas las vertientes de la actividad humana puede ser muy nociva.
Esta Ley debiera ser aplicada fundamentalmente al gasto, pero no a la inversión.
Sí, la sociedad mexicana tiene todavía muchos aspectos que requieren de inversión para poder construir la infraestructura y las instituciones que le permitan conseguir el bienestar social.
En este sentido concuerdo totalmente con los colegas del CINVESTAV que demandan un trato especial a la inversión en Educación Superior e Investigación Científica.
Estoy convencido que el dinero asignado a educación e investigación es una inversión y para nada es un gasto. Por lo tanto, no debe ser sujeto a la austeridad.
Por otro lado, abonando a favor de los colegas del CINVESTAV, comento que el sector científico en nuestro país tiene una cultura de rendición de cuentas que le ha permitido convertirse en un sector profesional y con estándares internacionales.
Este sector, es de lo más participativo y ha conseguido modificar algunas políticas nefastas en administraciones pasadas gracias a su organización basada en el desempeño.
Aquí cambio ligeramente la discusión para comentar sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología, donde hay propuestas que consideran que la política de ciencia y tecnología debe ser definida fundamentalmente por el sector gobierno, para que se implante una visión transformadora.
Esto me parece inadecuado, ya que la cultura científica en ese sector no es la idónea para construir una política científica de largo plazo.
Con base en mi experiencia, la discusión -basada en el conocimiento- entre personas del sector científico conduce a construir soluciones de consenso pero, antes de construirlas, hay primeramente que permitir el disenso y promover un amplio intercambio de opiniones para generar verdaderas soluciones con personal capacitado comprometido con ellas.
La fortaleza de tales políticas científicas, definidas por consenso de diferentes sectores (gobierno, academias, empresas y sociedad organizada) será de mucho mayor valía para la sociedad que aquella propuesta solamente por el sector gobierno. Por esta razón, la promulgación de una Ley General de Ciencia y Tecnología, donde el órgano responsable del sector sea solamente gubernamental, si acaso dará resultados para un sexenio, pero no promoverá un cambio transformador.
Considero que aquí he esbozado que no siempre las propuestas que a primera vista parecen buenas son las adecuadas en el largo plazo para propiciar el bienestar social. Sirva esto para construir propuestas de consenso.
