No se ejerció acción penal en casos en que no se aportaron pruebas necesarias para acreditar imputaciones, sostiene el fiscal.

El fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez aseguró que se han judicializado alrededor del 80 por ciento de las carpetas derivadas de denuncias presentadas por la actual administración, en contra de actos de funcionarios del gobierno anterior.  

Luego de que el consejero jurídico del Ejecutivo Cipriano Sotelo Salgado diera a conocer que por orden de un juez federal la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción tendrá que reabrir investigaciones que había declarado concluidas, el fiscal afirmó este miércoles que la mayoría de los asuntos promovidos por el gobierno estatal ya están en el ámbito judicial. “Es evidente y público que están vinculados a proceso ex secretarios y ex secretarias de despacho, ex directores generales de la administración pública pasada”, anotó. 

Argumentó que en algunas carpetas se determinó el no ejercicio de la acción penal en virtud de que la Consejería Jurídica no aportó las pruebas necesarias para acreditar las imputaciones que estaban haciendo a diversos servidores públicos, sin mencionar que la responsabilidad de aportar dichas pruebas es de la fiscalía que él encabeza.  

Dijo que acatarán las determinaciones de los jueces que ordenaron reabrir algunas de esas carpetas, pero insistió en que la consejería debe aportar los elementos probatorios necesarios. “Son los que acusan los que tienen la obligación de presentar pruebas”, insistió. 

Salazar Núñez comentó que la mayoría están judicializadas, estimó que en el 80 por ciento se vinculó a proceso, y en aquellos en las que algún juzgado determinó que no era procedente la Fiscalía recurrió y obtuvo resoluciones a favor. 

Estimó que el 80 por ciento fueron judicializadas, y en el resto o están en integración o se consideró que no había elementos para proceder.

Juan Salazar no precisó en cuántas se decidió el no ejercicio de la acción penal, sólo comentó que hay varias relacionadas con la Secretaría de Obras de la administración pasada. 

El fiscal consideró que en los casos presentados no ha prescrito el delito o la conducta ilícita señalada.  

“Revisamos con la consejería jurídica expediente por expediente… incluso presentaron recurso de queja y ellos mismos lo retiraron, porque revisaron y vieron que no había delito o no había firma o no tenían sustento, pero somos respetuosos de las decisiones de la Consejería”, concluyó.