Graco Ramírez, involucrado en al menos tres denuncias por irregularidades en sexenio anterior: Sotelo Salgado.

El gobierno del estado promovió un nuevo recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación - ante el conflicto interno del Poder Legislativo- dirima acerca de la duplicidad de diversas comisiones y la titularidad de la Junta Política y de Gobierno.

El Consejero Jurídico Samuel Sotelo Salgado aseguró que la reciente resolución del máximo tribunal del país sobre este asunto no le concedió la razón a ninguno de los dos grupos de legisladores locales.

“No hay ninguna razón para nadie, le dieron entrada a la demanda. Lo que no concedieron es la suspensión, pero esa forma no es la más adecuada… por ello, el viernes el Ejecutivo ya interpuso un recurso de reclamación para que se revise ese tema de la suspensión, porque todavía tenemos la posibilidad legal”, anotó.

Lo anterior, luego de que diputados del llamado G-11 y del denominado G-8 han declarado que la SCJN les ha dado a ambos la razón.

El abogado recordó que el propósito del Ejecutivo es que se dé una definición jurídica para actuar en consecuencia dentro de su ámbito de facultades: “Porque hay una duplicidad en la integración de comisiones y de la Junta Política. El gobernador forma parte en el proceso legislativo porque promulga y publica. Al existir una duplicidad en las comisiones, no sabemos a quién le vamos a hacer caso. Precisamente por eso se interpuso el recurso y vamos a ver qué es lo que determina la Corte”.

A decir del consejero, algunas veces la lectura que se da a las resoluciones no es la adecuada e hizo notar que lo cierto es que se presentó una solicitud de controversia y la misma fue admitida por la Corte. Por lo tanto, hay que esperar el resultado de dicho proceso. “De momento sólo sucedió que no se nos dio la suspensión, pero ya presentamos la inconformidad sobre esa suspensión”.

En otro tema, el consejero jurídico dejó en claro que se formularon más de 60 denuncias por irregularidades detectadas en la administración anterior, y en al menos tres o cuatro de ellas estaría directamente señalado el ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, y no sólo en una, como lo declaró recientemente el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.

Dijo que una de ellas refiere que al final de la administración se le autorizó de forma irregular la disposición de recursos públicos para la adquisición de un vehículo, amparado en un decreto en el que se otorgaban créditos a funcionarios de determinado nivel y para el servicio público, que no incluyen al titular del Ejecutivo.

Además, Sotelo Salgado lamentó que el fiscal diga que sólo hay un caso en el que estaría relacionado Graco Ramírez, cuando no ha habido avances en la mayoría de las carpetas y sólo con base en las investigaciones se podría determinar el grado de responsabilidad de los ex funcionarios.

Resaltó que en el asunto de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia “N”, -quien fue aprehendida y trasladada al penal de Atlacholoaya- fue el gobierno del estado el que solicitó la orden de detención por vía del amparo.

La ex funcionaria fue imputada por ejercicio abusivo de funciones, debido a una obra de construcción de un centro escolar en El Jicarero, en Jojutla, asignado a presuntas empresas “fantasma”. El juez determinó prisión preventiva a la exfuncionaria para evitar que se evada de la justicia.

Samuel Sotelo reiteró el llamado a que la Fiscalía agilice su labor en torno a todas las denuncias formuladas y cumpla con su función de realizar las investigaciones correspondientes.