Ha recurrido a argucias legales para sostenerse como magistrado del TJA, señalan.

El Foro Morelense de Abogados llamó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) a investigar al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Martín Jasso Díaz, tras una denuncia interpuesta en contra del juzgador, quien ha recurrido a todas las argucias legales para sostenerse en el cargo a pesar de que hace casi dos años feneció su nombramiento.

Señaló que hace unos días una persona promovió una denuncia ante la FECC en contra del magistrado por presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra la administración de justicia, ya que sigue ejerciendo el cargo a pesar  de que su periodo de 14 años concluyó el 17 de mayo de 2020.

Lamentó que Jasso Díaz siga ejerciendo jurisdicción y emitiendo sentencias, que ponen en un grave riesgo a los justiciables no solo por la presunción de actos de corrupción sino por la validez de las mismas.

“El Foro Morelense de Abogados considera que Martín Jasso Díaz, no tendría que estar ocupando el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, porque ya le transcurrió el término de los 14 años que es el período máximo en el cargo, esto por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lo más grave es que Martín Jasso Díaz siga dictando sentencias sin tener personalidad jurídica para hacerlo, se sigue ostentando como magistrado cuando ya no lo es, deja de serlo desde mayo del 2020.”, dijo al insistir que este caso requiere ser no solo investigado sino también la probable complicidad del resto de los integrantes del TJA.

Y cuestionó: “¿Cómo es posible que el TJA que es quien se encarga de verificar la legalidad de los actos administrativos de las autoridades de Morelos tenga a Martin Jasso Díaz cometiendo actos de corrupción?”.

Recalcó su llamado a la FECC para que atienda la denuncia contra de Jasso Díaz, quien es extrañamente el único magistrado que concluyó su periodo y sigue en funciones después de dos años.
Con un peculiar “chicaneo”, Martín Jasso Díaz logró sostenerse en funciones a pesar de que en julio de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SSCJN) declaró inconstitucional la extensión del periodo de los magistrados y determinó que el plazo máximo en el cargo es de 14 años.

Después de que el Congreso, en una concertación con el Poder Judicial -fraguada durante el gobierno de Graco Ramírez- extendió el periodo de los magistrados a 20 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), a petición de organizaciones de abogados y civiles, promovió una acción de inconstitucionalidad.

La siguiente legislatura abrogó la reforma y determinó que el periodo máximo sería de 14 años, pero la mayor parte de las y los magistrados se inconformó y promovió sendos amparos.
Martín Jasso Díaz -hermano del actual presidente del Tribunal Superior de Rubén Jasso- fue uno de varios que obtuvo la protección de la justicia federal para que le aplicara la extensión del cargo a 20 años.

Sin embargo, en julio de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por la CDHEM, invalidó la extensión del periodo de los magistrados y fijó que el plazo máximo en el cargo es de 14 años.

Así, uno a uno, los jueces de distrito y tribunales de distrito sobreseyeron los amparos otorgados y cada magistrado que cumplió 14 años dejó el puesto, con la curiosa excepción de Martín Jasso, quien mantuvo una suspensión federal para seguir en funciones.

Fue hasta el 4 de junio de 2021 cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa resolvió el amparo en revisión 213/2020 y determinó revocarle el amparo que le había otorgado el Juez Noveno de Distrito en marzo de 2020 para que le aplicara el polémico decreto 2610, por el cual la legislatura anterior extendió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial.

Pese a que la resolución fue pública, el Tribunal de Justicia Administrativo dio tiempo a Jasso Díaz para “impugnar” el falló que, con base en lo resuelto por la SCJN, ya no tenía recurso que agotar.
En tres ocasiones el magistrado administrativo, a través del tribunal colegiado, solicitó que su caso fuese atraído por la SCJN pero al no haber materia la petición fue rechazada. En un cuarto intento, solicitó directamente a la presidencia de la Corte atraer su caso, pero bajo los mismos argumentos la petición fue desechada.

Ante esta respuesta, promovió una reclamación contra el desechamiento y promovió otro recurso ante el tribunal colegiado para que el juzgado federal de origen no archivara su caso, con lo cual técnicamente su “amparo” sigue vigente para seguir en el cargo.