Trabajadores de limpieza que dan servicio a la Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Cuernavaca denunciaron su despido injustificado, luego de protestar para exigir mejoras laborales a Green Mamba Services, empresa outsoursing contratada para dar mantenimiento a las instalaciones judiciales.
Isabel García, una de los 14 despedidos, detalló que el pasado martes realizaron una protesta para pedir a la empresa mejoras laborales como seguridad social, vales de despensa, uniformes y equipo adecuado para la limpieza de las oficinas y juzgados, pero la respuesta fue despedirlos fulminantemente, sin derecho a liquidación y violentando todos sus derechos laborales en complicidad con algunos funcionarios judiciales.
Lamentó que el Poder Judicial federal, que debe hacer valer la ley y el respeto a los derechos humanos, contrate a una empresa que paga salarios ínfimos a sus trabajadores, no les da las prestaciones laborales y sociales mínimas, y abusa de sus trabajadores, que son personas vulnerables, que en alguno caso no saben leer y escribir y soportan maltratos por la necesidad de tener un ingreso para sobrevivir.
“Yo sí le pediría al Poder Federal Judicial que tomara un poquito más en cuenta con qué empresas trabaja y le voy a decir porqué. A nosotros, por el simple hecho de enfermarnos, tenemos que pagar médico particular y medicinas particulares. Si te encuentran sentado dentro del Poder (las oficinas) te cobran 380 pesos, si fallas en la firma de una lista de asistencia son 350 pesos y cuando tú vas y cobras tu quincena, le dicen a la encargada que ‘cóbrale tanto porque es una multa o porque se equivocó en esto´.
“Imagínate, es gente vulnerable, hay gente que no saben ni leer ni escribir y que se aprovechan de esa situación. El presidente de la República indicó que este tipo de empresas no deben de existir, y porqué no el Poder Judicial no tiene su propio grupo de limpieza y contratar a estas personas. Nosotros ni siquiera tenemos un contrato”, explicó.
Detalló que los trabajadores de limpieza, subcontrados a través de la empresa outsoursing, ganan dos mil 625 pesos quincenales, no gozan de ninguna prestación, cuando se enferman o incapacitan se les descuentan los días no laborados y frecuentemente se les hacen descuentos a sus salarios por “multas”.
Las y los trabajadores despedidos hicieron un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, a no permitir que se cometan injusticias contra los empleados más vulnerables que, si bien son subcontratados, dan un servicio esencial al Poder Judicial de la Federación y es preciso que se exija a las empresas que prestan servicios a la institución que se conduzcan conforme a la ley, y eso incluye el respeto los derechos labores y humanos.
