A través de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que con el lema “100 días sin descanso, actitud que transforma”, el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea cumplió con el compromiso empeñado de realizar “un corte” de su administración, cumplidos los primeros 100 días.

Gamboa Olea reconoció que la administración de justicia en Morelos enfrenta diversos retos, y uno de los principales es recuperar la confianza de los ciudadanos en la institución, que está obligada a volverse competitiva; para ello la capacitación de los funcionarios judiciales en estos 100 días ha sido permanente .

El 18 de mayo de 2022 inició la administración 2022-2024 del TSJ y a 100 días de distancia, el Poder Judicial del Estado de Morelos "goza de estabilidad laboral y la actividad jurisdiccional es permanente y sin contratiempos; mantiene un diálogo permanente con el Poder Legislativo y Ejecutivo para el impulso de una agenda legislativa enfocada al fortalecimiento de la impartición de justicia en Morelos, además de que existe una relación interinstitucional con autoridades municipales".

Desde el inicio de la administración 2022-2024, el magistrado presidente "se ha dado a la tarea de recorrer todos los inmuebles del Poder Judicial; derivado de ello se ha impulsado la dignificación de espacios tanto para el personal que labora en ellos como para los usuarios de los mismos".

Debe resaltarse como logro el incremento salarial del cinco por ciento a los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Morelos, el reconocimiento a empleados por años de antigüedad y la puesta en marcha por primera vez del Programa de Apoyo a la Educación.

Gamboa Olea refrendó su respeto a la libertad de expresión y al trabajo que desarrollan los representantes de los medios de comunicación en Morelos, "en quienes vemos aliados para el impulso del proceso de pacificación tan importante en la sociedad".

Anotó que al cabo de estos primeros 100 días "podemos afirmar que el Poder Judicial está en el camino de la mejora permanente en el ejercicio de la función jurisdiccional, con el fin de garantizar en el ámbito de su competencia, el respeto a los derechos humanos, con ética, visión de género y transparencia".