El titular de la SSPPC confirma el cese de mandos del sistema penitenciario y señala faltas graves en el penal de Atlacholoaya, tras el motín del fin de semana; anuncian acciones para erradicar la corrupción en el centro de reclusión.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de Morelos confirmó la muerte de un interno por disparo de arma de fuego tras el motín en el interior del penal de Atlacholoaya. Además destacó que existen una serie de irregularidades en la operación de los centros de reclusión estatales y que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconsiderar las evaluaciones asignadas a Morelos en su diagnóstico penitenciario.

La Secretaría de Seguridad, que encabeza desde hace una semana Miguel Ángel Urrutia Lozano, en un primer momento reconoció sólo tres internos lesionados en un “enfrentamiento” con custodios; posteriormente matizó que se trató de un motín en el que resultaron heridos cuatro internos, uno de los cuales recibió atención médica por un infarto, logrando salvar la vida.

Ante cuestionamientos por parte de medios de comunicación, finalmente Urrutia Lozano, durante la segunda rueda de prensa semanal, admitió que uno de los internos falleció la madrugada del domingo tras recibir un impacto de arma de fuego en el abdomen durante el motín.

“La persona sí murió por un disparo de bala; eso está en actuaciones que se le informaron y que el fiscal general del estado también lo sabe. Nunca se está diciendo que no hubo disparos, siempre hemos reconocido que hubo disparos al interior (del penal de Atlacholoaya)”, dijo al señalar que se autorizó a los custodios usar los recursos necesarios para salvaguardar su integridad ante la gravedad de la situación y durante el motín “hubo intercambio de disparos”, en el que el interno José Guillermo “N” resultó herido y más tarde falleció.

El funcionario no precisó cómo ocurrió este intercambio de fuego entre internos y custodios e insistió en que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que investigará los hechos ocurridos en el dormitorio B, donde se concentran las personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad.

Por otra parte, Urrutia Lozano destacó que en los últimos días han surgido una serie de irregularidades en la operación de los penales estatales, como la presunción de extorsiones y actos corrupción; la introducción de teléfonos celulares e incluso transmisiones “en vivo” por parte de los internos; la ausencia de cámaras de videovigilancia y un archivo de registro de familiares que tienen derecho a ingresar a los penales para sus visitas periódicas.

El funcionario también informó que personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudió al penal de Atlacholoaya, por lo que solicitó al organismo nacional que se revisen las calificaciones de los centros penitenciarios del estado de Morelos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, “ya que las condiciones deplorables y de falta de seguridad, tanto para los custodios como para los internos, y una sobrepoblación evidente, no están cumpliendo con la calificación que tenían estos centros”, refirió.

También confirmó que ninguna de las cárceles estatales cuenta con la huella dactilar ni el archivo de registro de los familiares que pueden ingresar a ver a los internos, cuya anomalía se resarcirá a la brevedad para evitar actos de corrupción.

Por último, Miguel Ángel Urrutia confirmó que han sido cesados tres mandos del sistema penitenciario y se está en búsqueda del personal adecuado y certificado que pueda ejercer estas labores.