Denuncian violencia en su contra y falta de transparencia en el manejo de recursos.

Hueyapan.- Vecinos del barrio San Miguel denunciaron presuntas irregularidades cometidas por las autoridades de este municipio indígena, al rendir un informe de gobierno, sin convocar a asamblea general a todos los ciudadanos, como lo marcan los usos y costumbres que los rigen para la rendición de cuentas.

Señalan que el informe lo dieron a conocer únicamente ante representantes de otros municipios, funcionarios del gobierno estatal y algunos diputados.

Mediante un documento, señalan que durante ese evento, que se realizó el sábado 14 de enero, un grupo de mujeres que protestaron por dichas irregularidades y por la falta de obras para su comunidad fue agredido, por lo que exigen respeto a sus sistemas normativos, respeto a la libertad de expresión y manifestación.

También rechazaron la violencia de género y el hostigamiento político por parte de la vocera presidenta, Guillermina Maya Rendón, y su Concejo.

“Ante este hecho, valientes mujeres del municipio, haciendo uso de sus derechos, se manifestaron pacíficamente siendo agredidas físicamente por Alejandro Martínez Maya, hijo de la vocera. La violencia fue tal, que a una de ellas le arrancaron un manojo de pelo en el intento de bajarla del estrado y callar sus voces de inconformidad; las otra fueron jaloneadas, empujadas y grabadas por órdenes de la vocera, ante el silencio cómplice de funcionarios estatales y federales, como el INPI, la Comisión para el Dialogo de los Pueblos Indígenas, entre otros”, aseguraron.

Manifiestan que el municipio indígena está estructurado por cinco barrios y rancherías; San Miguel –que es la cabecera municipal–, San Felipe, San Bartolo, San Jacinto y San Andrés, los cuales tienen autonomía para decidir cómo y en qué invierten los recursos que llegan al municipio.

“La administración de concejales tiene la obligación de convocar a asambleas para consultar y decidir en qué se invierten y ejecutan los recursos en beneficio a toda la población”, indicaron.

Asimismo, afirmaron que el derecho expresado en sus usos y costumbres ha sido violentado, ya que los concejales de la actual administración no consultan a los barrios, pues en el caso del barrio San Miguel, mediante numerosos oficios, le solicitó la realización de asambleas informativas sobre los recursos, obteniendo como respuesta permanente de la vocera “al municipio no le estaba llegando nada de presupuesto por causa de una controversia”.

Ante esa postura, nombraron una comisión del barrio para investigar ante la Secretaría de Hacienda del estado. En este sentido, encontraron que desde enero de 2022, el presupuesto llegó al municipio puntualmente, afirman.

Frente a los actos de discriminación y violencia, hicieron un llamado a las instituciones de gobierno a respetar los sistemas normativos internos de las comunidades, “a la rendición de cuentas, a la transparencia, a no ser cómplices de la violación a nuestros usos y costumbres. Cese del hostigamiento político a honestas ciudadanas que cuestionan la forma de gobernar y los intentos de aplicar la Ley Orgánica Municipal que es totalmente ajena a nuestro municipio Indígena”, aseguran.

Los pobladores colaron diversas pancartas.