“El caso de Tetelcingo es una muestra de lo que pasó, la fiscalía operando en condiciones paupérrimas y las cámaras frigoríficas del Semefo descompuesto. Eso derivó en una decisión irregular, que ahora nos tiene en una bola de nieve en el escenario nacional e internacional, que habría de atender la fiscalía, es una tema pendiente de esta administración”, señaló Raúl Benítez Ocampo, presidente del Consejo de Juristas del Estado de Morelos.
Señalaron que debido al recorte presupuestal aplicado a la FGE, se carece de papelería, tinta para imprimir, equipo de cómputo, viáticos, equipo y vehículos para las investigaciones, lo que entorpece la procuración de justicia.
Aseguran que desde hace dos años, fueron recortadas 200 plazas en esa fiscalía, que a la fecha no se han repuesto; de ahí que no exista personal suficiente para atender a la ciudadanía. Otro reclamo, fue por los bajos salarios que reciben los trabajadores administrativos, con lo que se deja abierta la puerta a la corrupción.
“Cuando intervenimos, la Secretaría de Hacienda incremento en 70 millones el presupuesto a la fiscalía, pero es insuficiente, no alcanza, la fiscalía necesita que se le meta mano. Siguen sin reponerse las plazas, faltan operadores, no hay fiscales, no hay ministeriales, se habla de bajos sueldos del personal administrativo. Eso no puede ser así, esa es una pirámide de injusticia”, afirmó.
Dijo que es urgente atender el caso Tetelcingo porque se sigue dañando al estado de Morelos, dando la percepción de que todos los desaparecidos del país, se encuentran en esas tumbas irregulares. “Estamos buscando desde el año pasado una reunión con el fiscal para abordar el caso Tetelcingo, que nos interesa mucho que se atienda a las víctimas, que se den datos para su identificación. Que no se estén creando expectativas de que de todos los desaparecidos del país están enterrados en Tetelcingo, esta falta de resultados solamente nos ayuda a ser más suspicaces y tener desconfianza”, ponderó.
Los abogados agregaron que al no haber personal que atienda en la Fiscalía General del Estado, no hay atención a la incidencia delictiva y en consecuencia no hay estadísticas confiables de la inseguridad en la entidad.
