Ayer autoridades de la PGJ presentaron al Consejo de Participación Ciudadana el diagnóstico parcial sobre la operatividad y ejercicio presupuestal de la institución.
Enrique Paredes Sotelo, presidente del órgano ciudadano, detalló que durante la sesión del consejo funcionarios de la PGJ informaron que para el 2011 la fiscalía tuvo un presupuesto aproximado de 300 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento se destina al pago de nómina y el 20 por ciento a insumos y capacitación.
Indicó que en este análisis financiero “detectamos la falta de presupuesto para echar andar la Unidad Especializada en Narcomenudeo y la Unidad de Robos Violentos, las cuales son necesarias combatir estos delitos”, dijo.
Expresó que está contemplado el próximo funcionamiento de ambas unidades, sin embargo no están previstos recursos específicos para este fin y si no existe el apoyo presupuestal para ambos proyectos, esto significaría sólo incrementar la carga de trabajo a los Ministerios Públicos.
“No queremos que haya impunidad, específicamente tratándose de delitos violentos, en que se requiere no sólo atención a las víctimas sino persecución y castigo a los delincuentes”, sostuvo.
Explicó que por esta razón es necesario que los recursos mínimos indispensables para que ambas unidades cuenten con su propio personal capacitado y bien pagado para atender debidamente las denuncias ciudadanas, de otro modos sólo se saturaría a los ministerios públicos y ministeriales que de por si tienen cientos de asuntos que atender.
Cuestionado sobre el homicidio del investigador de la UNAM, Ernesto Méndez Salinas, Paredes Sotelo insistió en que para investigar este tipo de delitos violentos es necesario contar con unidades especializadas pero dotadas con todos los elementos materiales, humanos y financieros para cerrar el círculo vicioso de la impunidad.
Asimismo, el también presidente del Colegio de Abogados de Morelos indicó que el próximo 8 de diciembre sesionará de nuevo el Consejo de Participación Ciudadana de la PGJ, para conocer el resto del diagnóstico operativo de la procuraduría estatal y el avance de los exámenes de control de confianza aplicados al personal de la institución.
