Al emitir su resolución, el pasado 26 de marzo, los magistrados Rubén Jasso Díaz, Verónica Cuevas López y Elda Flores concluyeron, por unanimidad, que la Fiscalía no pudo comprobar que la mujer participó en el secuestro y homicidio del ingeniero civil César Vidal González, cuyo cadáver fue encontrado el 14 de noviembre, en el interior de un automóvil Chevrolet Chevy color blanco, en la colonia Bella Vista, al norte de Cuernavaca.
En el recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso, dictado por la juez penal Guadalupe Flores Servín, los magistrados coinciden en que no se tomaron en cuenta las pruebas de descargo presentados por la defensa de la mujer, encabezada por los abogados Cristián Fragoso Velázquez y Gustavo González Buendía, pues éstos citaron a declarar a un hijo y hermana de la mujer, quienes señalaron que el día del secuestro la empresaria no se encontraba en Morelos, sino en el municipio de Ensenada, Baja California, visitando a un familiar, y lo anterior quedó acreditado con un boleto de avión y pase de abordaje que se anexaron al expediente judicial.
“No se tomaron en cuenta las declaraciones y documentales; pero además, en el supuesto de que no se hubieran presentado las pruebas, no se debió dictar el auto de vinculación porque no está acreditado que la imputada participó en el hecho delictivo”, señalaron los jueces al dar lectura a su determinación.
La FGJ (en aquel entonces Procuraduría General de Justicia), al realizar las imputaciones frente a la juez, indicó que el 8 de noviembre de 2012, el ingeniero fue secuestrado y su padre recibió varias llamadas del teléfono celular con el número 777-256-9877 y que le pidieron al menos 500 mil pesos. Pero, a final de cuentas, dos días después, los familiares lograron juntar 158 mil pesos, dinero que entregaron a los plagiarios en un lugar ubicado al norte de Cuernavaca. El rescate se entregó en una caja de cereal.
El compromiso era que César Vidal iba a regresar sano y salvo a su casa, pero no fue así, pues días después fue encontrado sin vida.
La empresaria fue detenida varios meses después, cuando la entonces PGJ determinó que el número de su teléfono celular es el que utilizaron los plagiarios en las negociaciones, pero la imputada, a través de un testigo, señaló que perdió el aparato cuando fue a comprar los ingredientes de una cena para festejar el año nuevo, en 2011, pero que no reportó el extravío a las autoridades.
Tras una audiencia de más de cinco horas, la juez penal, en aquella ocasión, determinó que las declaraciones de los testigos de descargo no tenían validez por tratarse de familiares, aunque la ley señala que todo aquel que tenga conocimiento de un hecho delictivo está obligado a declarar y si se trata de un familiar, éste puede o no hacerlo.
Los magistrados coincidieron que si bien hubo contradicciones entre los declarantes, “esto no cambia el fondo”, pues éstos no coincidieron al declarar cuánto tiempo tenía la mujer viviendo sola, pero esto nada tiene que ver con el hecho delictivo.
Después de que se dio a conocer el fallo de los magistrados, la defensa de la empresaria anunció la posibilidad de demandar al estado, pues mientras su cliente estuvo en prisión preventiva, su fotografía apareció en los principales diarios con un letrero que decía: “Si los conoces denúncialos”, considerando los litigantes que con esto, la FGJ rompe el principio de inocencia que debe ser una de las características de la justicia adversarial.