Ana Lilia Ocampo Castrejón, dirigente de la asociación de jubilados y pensionados del gobierno estatal, manifestó que una de las observaciones en el amparo es en el sentido de que “nunca se específica con claridad de qué partida será deducido ese porcentaje, debido a que existe el salario integrado, prestaciones o quinquenios”.

Pero más que eso, agregó, se menciona que “un porcentaje de tal medida, dañaría considerablemente la economía del núcleo familiar”. Es decir, que reduciría de forma considerable el ingreso de cada trabajador, lo que impactaría en los niveles de vida de sus descendientes.

No obstante, destacó, por encima de lo anterior, también se hace hincapié en que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 123 no prevé el pago de cuotas como éstas, sólo se dan en función de la seguridad social, pero el Instituto de Crédito no es una instancia en la materia.

Más aún, abundó, tampoco leyes secundarias como la del servicio civil cuentan con alguna disposición similar, por eso se advierte que tendría que darse alguna consideración sobre el tema, porque existen conceptos que adolecen de respaldo legal.

No obstante, Ocampo Castrejón consideró que la mayor inconformidad de los derechohabientes del instituto es porque la directora general Verónica Martínez García no ha respetado las reglas: “la instrucción es que las cosas se mantengan como están, en tanto se define el fondo en esta batalla legal respecto a la ley, pero sigue realizando las reuniones de consejo y tomando decisiones que estarían por encima de cualquier norma, a pesar de que se le han hecho muchos llamados y observaciones”.

Reconoció que las cosas no están nada fáciles porque todavía hay muchos otros amparos que tendrán que ser resueltos en el mediano plazo, lo que lleva a considerar que será un largo litigio en los tribunales, pero la resistencia se mantiene con el apoyo de sindicalizados en activo.