Cuernavaca, Morelos.- Juzgadores en retiro crearon la asociación de jueces jubilados de Morelos, con el propósito de aportar a la vida jurídica de las instituciones y denunciar cualquier irregularidad que ocurra al interior de la administración de justicia.
Este miércoles tomaron protesta como miembros de la mesa directiva de la asociación civil sin fines de lucro los jueces en retiro Aída Hernández Salgado, en calidad de presidenta; Marcela Castañeda López, como vicepresidenta; Elia Matilde Navarrete Sánchez, como tesorera, y Antonio Salgado Sandoval, Dora María Rodríguez Pineda y Leonardo Contreras Díaz como vocales. Todos ellos durarán en su encargo un periodo de dos años.
“Los jueces en retiro, una vez que han logrado su jubilación por los años de servicio al Poder Judicial del Estado de Morelos, consideran la necesidad de continuar aportando con su experiencia a la sociedad y el estado, por lo que esta asociación civil es una organización sin fines de lucro y que tiene como beneficiarios en todas y cada una de las actividades a los jueces jubilados del estado de Morelos”, dijo Aída Hernández, presidenta de la organización de reciente creación.
Dijo que hay interés de los jueces jubilados por transmitir sus conocimientos y experiencias a los abogados, a los miembros del Poder Judicial y a la sociedad, así como “auxiliar a la administración pública con el fin de superar su moralización y denunciar toda irregularidad”.
Agregó que entre las primeras acciones de la asociación, se unió al impulso de dos acciones de inconstitucionalidad contra lo que se ha considerado un atropello a la sociedad y los miembros del Poder Judicial.
Recordó que apoyó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promoviera la acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma legislativa que amplió de 14 a 20 el periodo de los actuales magistrados del Poder Judicial, y se unió a las voces que han pedido al organismo defensor promover otra impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma que faculta al titular del Poder Ejecutivo para enajenar las reservas territoriales de la entidad.
