A una semana de que diputados del G-10 y sus trabajadores tomaran las oficinas del Congreso local, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llevó a cabo una inspección de las condiciones en las que se encuentra el conflicto y requirió a la presidencia de la Mesa Directiva un informe administrativo. Mientras tanto, empleados denunciaron que han sido amenazados para que desistan de su protesta.

La visitadora de la CDHEM, Aurelia Castañeda Castillo, llevó a cabo ayer una inspección ocular en las oficinas del Poder Legislativo, para tener un registro de las condiciones en que se encuentran los trabajadores en protesta y del estado que guarda el lugar.

Informó también que requirió información a la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Vicera Alatriste, para integrar el expediente que se radicó el pasado miércoles, a raíz de la queja que presentaron los legisladores del PAN, PRI, Panal, PES y PH, junto con sus empleados.

La visitadora de derechos humanos dijo que por el desarrollo del procedimiento no se puede dar a conocer qué información se solicitó a la Mesa Directiva. Sin embargo, refirió que tiene diez días naturales para responder a la CDHEM.

Mientras tanto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Martínez González, informó que trabajadores que mantienen tomadas las oficinas del Congreso local han recibido amenazas para que desistan de su exigencia.

Afirmó que pese a dichas amenazas, resistirán en la protesta hasta que la Mesa Directiva les pague el salario trabajado a los empleados.

Aseveró que hasta el día de ayer no han tenido acercamiento ni con la presidenta de la Mesa Directiva ni con Julio Espín Navarrete, presidente de la Junta Política y de Gobierno, quienes han mostrado desinterés en el tema.

Afirmó que de seguir las amenazas en contra de los trabajadores, presentarán denuncia penal.