La Secretaría de la Contraloría General de gobierno lleva ya un buen avance en la aplicación de auditorías y de procedimientos, a fin de corroborar que las dependencias del Poder Ejecutivo estén cumpliendo cabalmente con las acciones que son de su competencia, y en particular, de los programas que deben ser desarrollados anualmente, indicó la titular, Adriana Flores Garza, quien reconoció que “hay de todo, aquellos compañeros de gabinete que se resisten a ser revisados y otros que ofrecen todas las facilidades”.
Recordó que con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) se tuvieron algunas diferencias. “Por lo que pudimos observar, esa dependencia no había sido intervenida, ni auditada casi durante todo el sexenio, por eso, cuando llegamos, como que se sintieron extrañados”. Y agregó que “personalmente me reuní con quien era su titular, Jorge Messeguer Guillén, algunas veces y le hice una serie de observaciones que tenía que responder, sin embargo, como que lo tomó a la ligera y no lo hizo, cuando yo únicamente cumplo con mi deber, así como instrucciones del gobernador de transparentar todo”.
La funcionaria sólo consideró que lo que pasó, tenía que pasar, y agregó que otra de las áreas igualmente difíciles, por todo lo que encierra, es aquella que tiene que ver con el sistema penitenciario estatal. “Nosotros no nos vamos a meter en cosas que no nos corresponden, si hay o no sucesos delicados no es cosa nuestra, lo único que revisaremos es que la cuestión administrativa venga siendo bien manejada y se ajuste a las reglas que hay en la materia, porque, para cada función o quehacer gubernamental, hay un esquema”.
Flores Garza dijo que no se está inventando nada, “hay un marco normativo a desarrollar, no es el mismo cuando se audita al Instituto Estatal de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), a la Secretaría de Salud o a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, cada rubro se maneja distinto y sólo hay que apegarse a las disposiciones existentes”. Más adelante confió que en la práctica de las auditorías se van a encontrar irregularidades, “hay quienes deberán pagar las consecuencias, tampoco vamos a decir que será de escándalo, pero la ley se aplicará a quienes lo requieran”.
Sin embargo, también aclaró que los trabajos de revisión “no llevan la intención de perseguir a nadie en lo particular, por el contrario, es un trabajo de prevención, los secretarios de despacho cuentan con un año para poder poner todas las cosas en regla a fin de llegar a una entrega-recepción tersa y sin contratiempos, a eso le apuesta el gobernador y la mayoría de los compañeros del gabinete lo ven así, lo que se hace es en su favor”, concretó.
