El secretario del Trabajo, Francisco Santillán Arredondo, afirmó que los alcaldes deberán luchar en los tribunales federales para evitar sus destituciones, porque no habrá más recursos para socorrer a los ayuntamientos con laudos en ejecución.
Detalló que de los 27 municipios que presentaron solicitud para acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal para amortizar laudos, 25 fueron apoyados y sólo quedaron en suspenso Cuernavaca y Jojutla.
Precisó que el fondo tiene aún cerca de cuatro millones de pesos, sin embargo, será el comité técnico (a cargo de la administración de estos recursos), el que determine qué procederá, debido a que el titular del Poder Ejecutivo ordenó canalizar todo el apoyo a la reconstrucción de las zonas siniestradas por el terremoto que azotó la entidad el pasado 19 de septiembre.
“Lo que sí va a ser una condicionante es el futuro del fondo, porque en este momento todos los fondos que hay en el gobierno del estado, el gobernador los ha canalizado a la reconstrucción y la verdad es que no creo que tengamos ya recursos para poder respaldar o para el pago de laudos, ni de Cuernavaca ni de ningún otro municipio; probablemente tengamos que revisar Miacatlán y Zacatepec, que están en situaciones sumamente complejas con un poquito que nos quedaba del fondo anterior”, dijo.
Sostuvo que todos los municipios siguen con problemas por el pago de laudos, pero ante la contingencia que enfrenta la entidad, cada ayuntamiento deberá asumir la defensa jurídica de los alcaldes ante los tribunales federales, que son las instancias que ordenan al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca) ejecutar las destituciones de los ediles o funcionarios municipales por desacato judicial.
“Ellos son los que están mandando, los tribunales colegiados, dando la orden y, si el Teca no lo hace, la responsabilidad es del Teca. Entonces, lo que el Teca está haciendo es continuar un mandato y una directriz de un juzgado federal, ante los cual no se puede hacer nada más que los alcaldes se defiendan jurídicamente”, señaló.
Agregó que los alcaldes junto con abogados deberán definir la estrategia a seguir para enfrentar eventualmente los asuntos laborales pendientes de ejecución, y evitar sus ceses.