El Fiscal General del Estado, Javier Pérez Durón, negó que las seis mujeres y niños asesinados supuestamente en el “fuego cruzado” entre policías y delincuentes en Temixco hayan recibido “tiro de gracia”, y adelantó que apelarán el fallo del juez de control que dejó libre a cuatro de los cinco detenidos que la madrugada del 30 de noviembre protagonizaron la refriega con policías del Mando Único.
A seis días de los hechos, finalmente el fiscal estatal decidió hacer una aparición pública ante los medios de comunicación para leer un escueto comunicado sin permitir preguntas de los reporteros, quienes contra las restricciones lo cuestionaron sobre el caso, pero Pérez Durón simplemente se retiró molesto del salón de conferencias y se encerró en su despacho.
Según el fiscal, “es falso que las personas fallecidas en los hechos ocurridos en Temixco la madrugada del jueves 30 de noviembre hayan recibido el llamado tiro de gracia”, porque los resultados de las necropsias practicadas a las víctimas no arrojaron ningún elementos científico, técnico o pericial que lo pruebe, y defendió la hipótesis de la muerte como producto del fuego cruzado entre policías y los presuntos delincuentes, quienes eran familiares de los menores y las cuatro mujeres fallecidas.
Afirmó que la fiscalía apelará el auto de no vinculación a proceso dictado por un juez en favor de los detenidos, quienes fueron liberados derivado de que la representación social no acreditó que hubiese indicios de su responsabilidad en el presunto delito de tentativa de homicidio en agravio de un grupo de policías, y el informe policial de los hechos contenía graves inconsistencias.
Consideró que sí hubo elementos para decretar la legal detención, “los mismos también debieron ser suficientes para someterlos a proceso”.
Agregó que la carpeta de investigación sigue abierta, se investigará la actuación de los policías e insistió en que tanto los agentes como los acusados habrían participado en la refriega.
Entre las inconsistencias del informe policial expuestas en la audiencia que culminó con la no vinculación a proceso de los imputados, destaca que en el baño, donde fueron localizados más de una veintena de cartuchos 9 mm y cuatro de los seis cadáveres, ninguno corresponde al incrustado en el muslo de una de las víctimas; de otro centenar de casquillos localizados en el resto de la escena, ninguno corresponde a las armas entregadas por cinco policías que presuntamente participaron en el enfrentamiento; las pruebas de radizonato de sodio aplicadas a las víctimas, a los detenidos y cinco policías, resultaron negativas, es decir, ninguno de ellos disparó un arma de fuego para justificar la teoría del ataque y el enfrentamiento.
Además, un peritaje de campo practicado por la fiscalía estatal determinó que la puerta y un cancel del domicilio que habitaban las víctimas fueron forzados, y en la escena del crimen se detectaron huellas de hurgamiento y saqueo.
Pese a todas estas inconsistencias ventiladas en la audiencia de vinculación a proceso, el fiscal estatal rechazó cualquier cuestionamiento respecto a las primeras investigaciones que ponen en tela de juicio la hipótesis del homicidio por “fuego cruzado”, y apuntalan la versión de las familias de las víctimas respecto a una ejecución.
