Cuernavaca, Morelos.- El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Bello Martínez, exigió a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, explicar el déficit financiero que enfrenta la institución desde el inicio de su administración y la falta de pago de prestaciones y pensiones del personal judicial jubilado y en activo. Sin embargo, el TSJ respondió que cumplió con sus responsabilidades laborales.
El litigante aseguró que desde que inició la gestión de Cuevas López, una parte importante del personal activo y retirado sufrió violaciones a sus derechos laborales, debido a un “boquete” financiero que llevó al tribunal a postergar el pago de prestaciones y emolumentos de varios trabajadores.
“A la llegada de la magistrada presidenta, ella se ha dedicado a entorpecer un derecho adquirido que tienen los trabajadores en activo y jubilados. Sabemos que debe más de 90 millones de pesos y esto, evidentemente, pone en riesgo la administración de justicia. Yo no entiendo el propósito de la magistrada presidenta de porqué postergar los pagos”, dijo, en alusión a las controversias constitucionales promovidas a nombre del Poder Judicial contra decretos de jubilación aprobados por el Congreso local y del reciente retraso en el pago de prestaciones y aguinaldos a empleados pensionados.
Consideró que el no pagar en tiempo y forma a los trabajadores activos y jubilados parece una táctica para presionarlos y someterlos, que también evidencia la mala administración financiera, porque “este boquete evidentemente tarde o temprano va a generar un desastre en la administración de justicia”.
Aseguró que existen resoluciones judiciales que ordenan al TSJ pagar a los trabajadores, pero lo que es claro es que la magistrada presidenta tiene que explicar a los ciudadanos y los trabajadores dónde quedaron esos más de 90 millones de pesos no pagados a los empleados judiciales.
Advirtió que esta situación implica también a los magistrados, quienes están obligados a pedir cuentas y explicar qué sucede con el presupuesto del tribunal, pues si no actúan y exigen transparencia, serán cómplices de la mala administración de Carmen Cuevas y de la crisis financiera que se avecina en la institución.
TSJ paga a jubilados
Por la tarde, el TSJ emitió un comunicado en el que aseguró que pagó en tiempo y forma las prestaciones y aguinaldo a los trabajadores jubilados y en activo, conforme a los plazos establecidos en la Ley del Servicio Civil.
Sobre las 150 jubilaciones aprobadas por el Congreso local en 2017, detalló que sólo 25 están pendientes de dar trámite, sin embargo, se estima que en el mes de enero se ingresarán al presupuesto de 2018.
“Se han promovido controversias, pero no para evitar el pago a jubilados, al contrario, para que se respete la autonomía del presupuesto del Poder Judicial; el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuentan con una partida presupuestal para jubilados, pero históricamente el Judicial no la tiene”.
“Por ello, se promovió una controversia ante la Suprema Corte de la Nación cuando el Congreso del estado decía que se emitía un decreto con cargo al Poder Judicial, la Corte dijo que eso era invasión de poderes y entonces ellos pueden emitir los decretos que ellos quieran de jubilados, siempre y cuando anexen la partida presupuestal para cada uno”, comentó Cuevas López.
Explicó que de 2013 a la fecha, el presupuesto del Poder Judicial ha sido de 519 millones de pesos anuales, sin embargo, los decretos de jubilación aumentaron y tan sólo en 2017 el Congreso autorizó más de 170.
“Gracias a las medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, a la reducción de juzgados y plantilla de personal activo, se ha podido incorporar a la nómina de jubilados la mayor parte de los ex trabajadores de dichos decretos”, resaltó.
