El presidente del CJ, Miguel Ángel Falcón Vega, expresó que en los próximos días los consejeros aprobarán el acuerdo, por el cual se pedirá al Poder Legislativo posponer de febrero a agosto de 2011 la vigencia de la última etapa de implementación del sistema de justicia adversarial acusatorio.

Dijo que para implementar los juicios orales en los distritos judiciales Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo por el momento sólo se dispone de 10 millones de pesos, estos recursos son insuficientes para la contratación de personal, construcción y equipamiento de los edificios que ocuparán las salas de juicios.

Afirmó que sería ideal aplazar por los menos cinco meses la entrada en vigor del sistema de justicia adversarial acusatorio en los cuatro distritos judiciales (que abarcan los municipios de la zona surponiente), en virtud de que el tiempo de gracia permitiría al Poder Judicial gestionar recursos adicionales a través de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación y organismos internacionales.

“Sería muy benéfico todo esto, hay recursos federales que sólo sería para equipamiento, pero si aguantamos un poquito seguramente estaríamos pidiendo recursos de Setec, que depende de la Secretaría de Gobernación, de organismos internacionales, no sólo para equipamiento sino para construcción (…).

“Cinco meses más que nos pudieran dar son suficientes, en estos cinco meses creo que podemos hacer maravillas con más recursos, podemos trabajar fuerte y seguramente para julio o agosto, si eso llega a darse, y creo incluso que nuestras construcciones pudieran tener financiamiento externo”, explicó el presidente del Consejo de la Judicatura., quien señaló que una prórroga permitiría gestionar recursos adicionales hasta por 40 millones de pesos.

Incluso, Falcón Vega expresó que el consejo también prevé aplazar la convocatoria para la designación de jueces orales y reducir el número de plazas de 15 a 10.

Para retrazar la entrada en vigor de la última etapa del sistema de justicia oral en Morelos, el Congreso tendría que modificar el artículo segundo del Código de Procedimientos Penales.

El 27 de mayo de año pasado, la anterior legislatura modificó dicho transitorio para prorrogar la entrada en vigor de la segunda y tercera etapa de los juicios orales.

Originalmente, la implementación de la segunda etapa estaba prevista para el 1 de junio de 2009, pero por la crisis sanitaria provocada por la influenza se pospuso hasta el 6 de julio de este año, y la fecha de implementación de la tercera etapa se recorrió del 1 al 14 de febrero de 2011. Ahora el Consejo de la Judicatura pretende solicitar se aplace por lo menos cinco meses.