Cuernavaca, Morelos.- Magistrados y consejeros de la Judicatura presionan a la representante del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, para que controvierta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma constitucional que modifica la estructura y funcionamiento de los tribunales Superior de Justicia, Unitario de Justicia para Adolescentes y Justicia Administrativa.
En rueda de prensa, fijaron su postura los magistrados del TSJ Nadia Luz Lara Chávez, Carlos Iván Arenas Ángeles, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gamboa Olea; los consejeros de la Judicatura, Abraham Romo y Guillermina Jiménez Serafín, y la magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo.
Expresaron su preocupación respecto a la insistencia del Poder Legislativo de sostener la reforma constitucional y corregir los yerros, ya sea por medio de una posible contrarreforma o una nueva ley.
La reforma, entre otras cosas, desaparece el Consejo de la Judicatura, prevé la creación de dos nuevas magistraturas administrativas, reduce a sólo una sala al tribunal especializado en menores en conflicto con la ley, y restringe el derecho a dar cátedra a los magistrados.
Criticaron el silencio de la representante del Poder Judicial, quien permanece sin responder la solicitud presentada hace 10 días por los magistrados Nadia Luz Lara, Norberto Calderón Ocampo, Carlos Iván Arenas, Andrés Hipólito y Jorge Gamboa, para convocar a sesión de Pleno urgente exclusivamente para debatir el tema de la controversia constitucional para impugnar la reforma legislativa.
A esta solicitud se sumaron por separado los consejeros Romo Pérez y Jiménez Serafín, así como el titular del Tribunal de Justicia Administrativa, Jorge Estrada Cuevas.
Los magistrados pusieron en duda y consideraron complicado que como solución para evitar la controversia constitucional se contemple una posible contrarreforma o una nueva ley, porque la reforma tiene fallas de origen y de fondo, además de que el Congreso omitió consultar a los magistrados, titulares de los tribunales y órganos afectados.
No descartaron la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con los diputados y representantes del Poder Ejecutivo para debatir el tema, pero subrayaron que la controversia constitucional es la vía idónea para defender la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales locales.
“Es necesario ir a la controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ponga fin a este enfrentamiento entre poderes, derivada de esta reforma realizada en detrimento de la independencia y autonomía del Poder Judicial”, dijo y reconoció que este hecho pone en tela de juicio el liderazgo de Carmen Cuevas López y es un indicio de que podría no ser ratificada como presidenta del TSJ, en víspera de que en mayo próximo culmine su periodo.
Incluso, señaló que la gestión de Cuevas López ha estado marcada por conflictos internos, que van desde el acoso laboral hasta la acumulación de juicios laborales y la mezcla de asuntos religiosos con la administración pública, luego de que el pasado 7 de enero acudió a Casa Morelos con un grupo de representantes de la iglesia a la que pertenece.