El presidente de la Barra de Abogados ofreció apoyo a los grupos de ciudadanos organizados contra la inseguridad.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, llamó a no romper el Estado de derecho y ofreció apoyo a los grupos de ciudadanos organizados contra la inseguridad, pero siempre y cuando actúen al amparo de la ley. Además, exigió al gobierno estatal redoblar esfuerzos, lo que incluye retirar escoltas a altos funcionarios y que los elementos regresen a realizar su trabajo en las comunidades asoladas por la delincuencia.

Lamentó las protestas de este lunes, principalmente en la zona oriente de la entidad, donde comerciantes, productores agrícolas, transportistas y pobladores de municipios como Tlalnepantla, Tetela del Volcán, Ocuituco y Yecapixtla se manifestaron contra la escasa acción de las instituciones para frenar la criminalidad y a los delincuentes que les exigen pago de “piso”.

Consideró legítima la inconformidad de los pobladores, pero también innecesario llegar al grado de estrangular la economía y el turismo de la zona, al bloquear vías de comunicación y establecer retenes ilegales.

Pidió respeto al Estado de derecho y no tomar la justicia por su propia mano, pero también exhortó al gobierno de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad a redoblar esfuerzos en la recta final de esta administración, pues recordó la promesa que desde campaña realizó Graco Ramírez de devolver la seguridad a la entidad.

Sostuvo que la reciente visita a Morelos de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, “vino a alborotar” a los grupos organizados de ciudadanos, “que de ninguna manera pueden erigirse como autodefensas porque eso está fuera de la ley”.

Afirmó que lo ocurrido este lunes obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos en materia de seguridad, lo que incluye disminuir el número de escoltas asignados a funcionarios del gobierno estatal, y que esos elementos regresen a patrullar las comunidades que son asoladas por el crimen y que lanzan un grito de alerta.

Indicó que el gobernador Graco Ramírez y el titular de la CES, Alberto Capella, están obligados a dar resultados y evitar que en la recta final de esta gestión se genere un conflicto mayor, producto de la impunidad y la incompetencia del Estado para garantizar el derecho a la seguridad pública.

Por lo pronto, señaló que la Barra de Abogados está dispuesta a apoyar con asesoramiento jurídico, capacitación y talleres de prevención del delito a los grupos organizados de ciudadanos, pero, siempre, con la condición de mantener el respeto absoluto a la ley.