Los contratos de prestación de servicios, como el arrendamiento de patrullas, concluyen el último día de septiembre, avisa el secretario de Administración.

En el Poder Ejecutivo central hay alrededor de mil personas que laboran como empleados de confianza, reveló el secretario de Administración, Fernando Solís Godínez, quien indicó que no se les pedirá su renuncia porque “no les podría coaccionar a renunciar a sus derechos laborales”.

Por otra parte, el mismo funcionario estatal dio a conocer que todos los contratos de prestación de servicios, como el arrendamiento de patrullas, concluyen el último día de septiembre de este año, por lo que si la próxima administración no los renueva o contrata a otro proveedor, la entidad se podría quedar sin esos vehículos de seguridad.

Entrevistado en relación al proceso de transición y cierre de la actual gestión, Solís Godínez dijo que hasta el momento no tiene registro de que funcionarios actuales hayan presentado renuncias, como ha sido habitual en las administraciones públicas al concluir.

Apuntó que hay 21 servidores públicos, entre ellos los miembros del gabinete y los colaboradores cercanos del gobernador en turno que, por ley, tienen un encargo que les dio el gobierno estatal, el cual culmina el 30 de septiembre. “El resto de los servidores públicos permanecen en sus puestos hasta en tanto no les sean solicitado sus ceses o ellos presenten sus renuncias voluntarias”.

Comentó que con base a las disposiciones que se aprobaron hace un par de meses, la entrega-recepción se preparó hace semanas y al 31 de julio deben subir a una plataforma digital la segunda parte de datos. Mencionó que el secretario de Gobierno es quien tiene las atribuciones de ser el coordinador de la comisión de enlace para la transición, y habrá de informar cuándo comenzarán las reuniones de las comisiones de cada gobierno, el saliente y el entrante.

“No es que no se vaya a entregar documentos, entendemos que lo que se hará es intercambiar información entre las comisiones de enlaces… recordemos que muchos de los documentos están en las páginas de transparencia…”, dijo.

Solís Godínez dijo desconocer si alguno de los secretarios haya decidido renunciar antes del 30 de septiembre, pero su nombramiento queda sin efecto el último día de la gestión.

A pregunta expresa de cuántos empleados en el gobierno estatal ocupan puestos de confianza, y que en un  momento dado podrían salir de la administración con el cambio de gobierno, el secretario dijo que de los poco más de ocho mil  300 empleados en la administración central (sin contar organismos descentralizados), poco menos de un millar son considerados “de nivel uno”, de jefes de departamento hasta directores generales. “Todos estos compañeros, su modalidad de contratación se entiende que son de confianza… Todo compañero que no tenga un nombramiento emitido por el gobernador, que son estos alrededor de mil, son aquellos de que en tanto que no sean cesados de sus puestos, o si ellos personalísimamente obsequiaran una renuncia, permanecen en sus lugares”.

Dejó ver que no se ha aplicado lo que en política ya era una costumbre, que es el dejar las renuncias de personal “de confianza”, y tampoco se les pedirá que lo hagan, lo que en algunos meses podría implicar demandas laborales al llegar un nuevo equipo de trabajo.

“No tenemos conocimiento de algún compañero (que haya renunciado). No queremos nosotros transgredir porque también reconocemos que existe un vínculo laboral y no queremos nosotros transgredir, no sentir una invitación autoritaria a que tomen una decisión que obedece a cada uno de los servidores públicos tomar”.

Respecto a los asuntos pendientes con proveedores, el secretario de Administración comentó que ya dialogó con el titular de la Secretaría de Hacienda para que se hagan los pagos correspondientes.

Apuntó que como lo marca la norma, todos los contratos que firmó la actual gestión concluyen antes o al mismo tiempo que el sexenio, pues la ley establece que no se puede generar ningún contrato que abarque el siguiente periodo administrativo, a menos que el Congreso lo aprobara, y no es el caso.

Mencionó que sí se dejarán los recursos ya presupuestados para dar continuidad operativa, con base a lo que se aprobó en el presupuesto de este año. Además, se les brindará información sobre servicios que deben ser garantizados a partir del primero de octubre, como los de telefonía, internet, limpieza y energía eléctrica, y se deja pagado al 30 de septiembre para que la nueva gestión tome las decisiones pertinentes.

Cuestionado al respecto, confirmó que la contratación de arrendamiento de patrullas termina justamente el último día de septiembre. Comentó que en esos casos se podría generar algún tipo de ampliación de servicios, para garantizar que en un breve período se tenga el servicio y las futuras autoridades decidan si se renuevan o no los citados contratos.

Si la próxima gestión no toma esas medidas o decisiones pertinentes, los vehículos regresan a la empresa arrendadora de los vehículos usados como patrullas. Hasta ese momento, el funcionario dijo que no contaba con el detalle de cuántas unidades de seguridad pública se encuentran bajo dicha modalidad.