El líder del Consejo Estatal de Abogados no sólo considera ilegal la ratificación de Juan Salazar Núñez por siete años más, sino que considera que existe un conflicto de intereses por la relación del funcionario con la administración estatal que culmina.

El Consejo Estatal de Abogados rechazó la ratificación de Juan Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y advirtió la posibilidad de iniciar acciones para revocar el nombramiento.

El líder de la organización, Ricardo Popoca González, lamentó la decisión del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, de ratificar al otrora consejero jurídico del gobierno saliente, pese a que su nombramiento fenece hasta finales de este mes.

No sólo consideró ilegal la ratificación del fiscal anticorrupción por siete años más, sino que existe un evidente conflicto de intereses por la relación que Salazar Núñez tuvo con la administración estatal que culmina.

Criticó el desempeño del fiscal anticorrupción al no dar resultados exitosos, y por su protagonismo durante los polémicos procesos penales instaurados en contra del exrector Alejandro Vera Jiménez, quien -gracias a juicios de amparo- enfrenta en libertad dos procesos por presunto peculado y enriquecimiento ilícito.

Además, dijo, las organizaciones de abogados no fueron consultadas sobre un tema tan importante. “No andamos buscando trabajo, desde luego, pero es una fiscalía importante dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado que viene a ver lo de la corrupción que prevalece al interior del Estado. Entonces, esta designación o ratificación que hace el fiscal general, consideramos que fue totalmente ilegal”.

Incluso, miembros de diversas organizaciones de litigantes adheridas al consejo estatal, plantearon la posibilidad de iniciar acciones legales para someter a juicio político al fiscal estatal Uriel Carmona, y pedir a los diputados de la próxima legislatura anular el nombramiento y las reformas a la Ley Orgánica de la FGE que facultaron al fiscal general para hacer la designación de Salazar Núñez, quien fue señalado como posible protector de funcionarios que en breve dejarán la administración pública estatal.