En conferencia de prensa, los actuales legisladores informaron de la magnitud del saqueo; dejaron la nueva sede sin mobiliario y se llevaron los autos de uso oficial.

Aseguran que sus antecesores se repartieron en los últimos días 46 millones de pesos.

Los integrantes de la LIII Legislatura aprovecharon hasta el último día de su gestión para saquear al Congreso del estado. El viernes 31 de agosto se repartieron 46 millones de pesos, se llevaron los vehículos y dejaron el recinto legislativo sin muebles.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que en las cuentas bancarias del Congreso del estado sólo encontraron dos mil pesos y deudas que ascienden a 65 millones de pesos.

Asimismo, refirió que no tienen muebles para ocupar las oficinas, ni tampoco vehículos para realizar las labores legislativas.

Al respecto, dijo que lo que sí encontraron fue un contrato de compraventa firmado por la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de vicepresidenta de la Mesa Directiva, por el que vendió un vehículo tipo Jetta, modelo 2013, propiedad del Congreso, a su compañero de bancada Javier Montes Rosales, por un monto de 50 mil pesos. Sotelo Martínez mencionó que se presume que hay más contratos de ese tipo.

Aseguró que dicha información la obtuvieron de una investigación que han hecho por cuenta propia, ya que los exdiputados se han negado a entregar la documentación correspondiente a la situación administrativa y financiera del Poder Legislativo.

Refirió que ayer sostuvieron un encuentro con la exdiputada Hortencia Figueroa Peralta, en la que les informó que no tenía la documentación requerida y que será hasta el 12 de septiembre cuando estará en condiciones de cumplir.

El presidente de la Mesa Directiva sostuvo que se presume la intención de los exlegisladores de retrasar el proceso de entrega-recepción, para que la LIV Legislatura no pueda actuar legalmente en su contra ante la comisión de un posible delito o falta administrativa.

Sin embargo, Alfonso de Jesús Sotelo subrayó que procederán penal y administrativamente en contra de los exdiputados, de confirmarse que cometieron delitos por el presunto mal uso de los recursos públicos. 

Para ello, indicó que convocarán a las asociaciones de abogados y contadores para que apoyen al Congreso del estado en una investigación a fondo de la gestión de la LIII Legislatura y que haya un deslinde de responsabilidades.

Anularán diputados nombramientos hechos fuera de la ley

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva informó que en la próxima sesión ordinaria procederán a la anulación de los nombramientos que aprobó la LIII Legislatura sin estar apegados a derecho.

Para ello, refirió que cuentan con el apoyo de asociaciones de abogados que han pedido a la LIV Legislatura ayudar en contra de los abusos cometidos por sus antecesores.

A dos días de irse, los exdiputados nombraron a dos comisionados en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y a los titulares de los órganos de control en la Fiscalía General (FGE) y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).