La ONG Morelos Rinde Cuentas señala que se ignora el destino de los donativos de empresas, así como datos de las constructoras y casas de materiales que atienden los trabajos.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas lamentó la opacidad y la deficiente información generada por el gobierno estatal, en relación a más de 7 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción de las zonas devastadas  por el sismo 7.1 en la escala de Richter, ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

En rueda de prensa, representantes de la organización, conformada por académicos y empresarios, destacaron que realizaron un ejercicio de búsqueda y análisis de información sobre los fondos públicos y privados destinados a la recuperación de las zonas afectadas, pero constaron que la información es poca y deficiente en el ámbito estatal y nula por parte de los ayuntamientos.

La búsqueda se realizó a través de la Plataforma Fuerza México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el organismo descentralizado Unidos por Morelos, la Secretaría de Obras Públicas de Morelos y diversos ayuntamientos.

Juan Cintrón Patterson -presidente del Consejo del Directivo de Morelos Rinde Cuentas- señaló que la deficiente información, la opacidad, la falta de claridad en las cifras tanto del número de recursos aplicados como en el número de beneficiarios y la cuantificación de daños, no permite que los ciudadanos tengan certeza del desempeño gubernamental en la atención del siniestro.

Roberto Salinas Ramírez, director de la organización, dijo que la información estatal y federal analizada, así como las aportaciones privadas para atender a los damnificados y reconstruir las zonas devastadas, son variadas y no permiten apreciar con certeza que haya una aplicación adecuada de los recursos económicos.

Por ejemplo, hay dos bases de datos que integraron los gobierno federal y estatal por separado, en el que el primero reportó 15 mil 800 beneficiarios del Fonden; y, el segundo, reportó a través de Unidos por Morelos, 15 mil 245 beneficiarios del apoyo para la reconstrucción de los daños parciales o totales que sufrieron las viviendas.

Incluso, se reportó que hubo al menos 22 personas que recibieron 175 mil pesos de apoyo por daños totales a su vivienda, cuando se supone que el tope del apoyo era de 120 mil pesos.

Se detectó también que las dependencias no informaron del costo de los materiales o insumos para atender la contingencia, la información es escasa o nula respecto a qué empresas les fueron asignadas obras de reconstrucción, los montos de inversión, la ubicación, los plazos de ejecución y los avances de cada una de ellas, a un año del sismo.

Morelos Rinde Cuentas también cuestionó la falta de información sobre las aportaciones en especie y económicas realizadas por fundaciones y empresas. Por ejemplo, el grupo Averanda aportó al Fondo de Reconstrucción una donación de 4.2 millones de pesos, los cuales fueron depositados el 15 de febrero pasado en una cuenta bancaria de Banorte a nombre del Gobierno de Morelos, pero –revela la documentación pública- seis días después fueron retirados y no hay información sobre el destino de esos recursos.

En el número de planteles educativos dañados también hay inconsistencias, pues mientras el gobierno federal reportó mil 345 edificios afectados, la Secretaría de Obras de Morelos registró mil 193.

Ante las dudas sobre el destino de los fondos tanto públicos como privados, y el vacío de información gubernamental, Aida Alanís -integrante del Consejo Directivo- dijo que Morelos Rinde Cuentas consideró necesario hacer cuatro propuestas.

La primera, que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía, de forma inmediata, completa y en formato de datos abiertos, la información sobre el censo, los beneficiarios y el listado de obras públicas, relacionando los datos federales y locales.

La segunda, que se  publique toda aquella información que permita conocer la asignación de recursos y el uso de cada peso para la reconstrucción, que incluya estados de cuentas, transferencias, cheques, auxiliares contables, etcétera.

La tercera, que se explique qué asuntos y trámites quedarán pendientes relativos al sismo en el cambio de administración. Y la cuarta, que se concentre información de todas las dependencias estatales y municipales sobre acciones y recursos destinados a la reconstrucción.