Nuevas diferencias entre grupos de legisladores tienen detenida la remoción de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.

La solicitud de remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez -que presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado- se encuentra detenida, a causa de nuevas diferencias entre los legisladores.
Una vez más, una sesión ordinaria (la del martes pasado) se encuentra suspendida por diferencias entre las fuerzas políticas para impulsar la destitución de los fiscales.
Ayer, en rueda de prensa, legisladores del Partido del Trabajo (PT) acusaron a sus homólogos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de negarse a avanzar en un tema que es "prioritario" para el estado.
"Yo sí quiero hacer un llamado enérgico, pero también respetuoso, a los diputados del partido hermano Morena... el fiscal es el primero que debe tener la mano dura de la izquierda en Morelos. Pedimos que los compañeros de Morena den la cara al pueblo de Morelos, Andrés Manuel ya no quiere falsos políticos, ni falsos que dicen amar a Morelos", manifestó la coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
José Casas González señaló la supuesta intromisión del exdirigente estatal de Morena, Miguel Lucia Espejo, quien habría pedido a los legisladores de ese partido ausentarse el martes pasado del Congreso local y no acudir a la reunión de la Junta Política y de Gobierno para resolver la solicitud que envió el Ejecutivo, por lo que se les convocó a una nueva reunión hoy por la mañana.
"A estas personas que se están entrometiendo, que así como aspiraron a cargos públicos y no lo lograron; a Miguel Lucia, que ya está ostentando un cargo a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación, a que deje de meter las manos en el estado de Morelos y deje de estar manipulando a los diputados a través del partido Morena", aseveró Casas González.
La diputada Rodríguez Ruiz admitió que sin el voto a favor de los diputados de Morena, el tema no avanzaría, de ahí el llamado a que aprueben la destitución de los fiscales que no cumplieron con la evaluación de control y confianza, y han cometido una serie de irregularidades en el cargo y sin resultados favorables para la ciudadanía.