El fiscal general, Uriel Carmona, no está amparado contra la separación de su cargo, afirma el consejero jurídico del gobierno estatal.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, confirmó ayer miércoles que el Ejecutivo del estado solicitó al Congreso local la remoción de los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y comentó que hay confianza en que el Poder Legislativo tome la mejor decisión para la entidad.

Sanz Rivera mencionó que han observado que no hay coordinación y eso podría impedir que la estrategia de seguridad y combate a la impunidad surta efecto. “Sabemos que hay una serie de situaciones de falta de coordinación entre la Fiscalía, la Comisión Estatal de Seguridad y el Poder Judicial, y lo que queremos es que funcione perfectamente bien porque incide mucho en la inseguridad del estado. Lo que queremos es un proyecto de un estado seguro y una paz para todos los ciudadanos, pero de todas formas no se habría solicitado esto si no se hubieran cumplido una serie de situaciones que son muy estrictas en el desempeño de sus cargos y se tiene que analizar”.

Dijo que el Ejecutivo tiene claro que la facultad o permanencia de los fiscales es del Congreso del estado, pero hizo notar que se debía cumplir con lo que estipula la ley, y aseguró que se respetará la decisión de los diputados. “Hay una causal para ello, se pidió al Congreso, y quien tiene que decidir son los diputados si la hacen efectiva o no. Lo que a mí me han informado es que hay una mayoría que está de acuerdo y una minoría que todavía lo está analizando; esperemos que la decisión sea la mejor para el estado y que haya posibilidad de ese cambio que queremos para Morelos”.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura aseguró que el Ejecutivo esperará a conocer la resolución del Congreso, y de ser aprobada la remoción, lo que marca la ley es que el gobernador envía una terna y de nueva cuenta el Poder Legislativo decide.

Por su lado, el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, indicó que se solicitó de manera oficial la remoción porque el gobernador del estado “no puede incurrir en omisión y está comprometido con actuar conforme a derecho”. Lo anterior, al apuntar que el Ejecutivo tuvo conocimiento de que los fiscales no cumplieron con los requisitos legales que marca la norma para desempeñar dichas funciones.

“Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de esa naturaleza tiene la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente y, en este caso, corresponde al Congreso del estado”, expresó el abogado del gobierno estatal, al apuntar que las denuncias que se han formulado ante las Fiscalías referidas no tienen ninguna relación con los titulares.

A decir de Sotelo Salgado, los legisladores tienen que analizar y pronunciarse si existen causas graves para la remoción correspondiente, ya que para el Ejecutivo sí hay elementos para el análisis. “Simple y sencillamente, que no se cuenta con los exámenes de control y (sic) confianza, según la documentación que allegó uno de los diputados del propio Congreso”.

Refirió que hasta donde tiene conocimiento la Consejería Jurídica, el fiscal general del Estado, Uriel Carmona, no ha promovido un amparo en contra de esta solicitud; existe una demanda de protección de la justicia federal, pero por otro hecho relativo con que no le permitieron participar en una comisión, pero la suspensión provisional, comentó, en términos generales, le fue negada.