Las declaraciones están publicadas en el portal de la Secretaría de la Contraloría y pueden ser consultadas conforme a la legislación en materia de transparencia.

Sesenta servidores públicos de la administración anterior están bajo proceso al no cubrir con esta obligación legal: Santana Nava.

El titular de la Secretaría de la Contraloría, César Santana Nava, aseguró que la totalidad de los funcionarios de primer nivel y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ya cumplieron con su declaración patrimonial ampliada. No obstante, 60 servidores públicos de la administración pasada están bajo proceso al no cubrir con esta obligación legal.

En conferencia de prensa, el contralor aseguró que tanto el mandatario estatal como los integrantes del gabinete, presentaron en tiempo y forma la declaración patrimonial de inicio de cargo.

Apuntó que, incluso, presentaron datos ampliados, que incluyen -por ejemplo- la declaración de intereses.

Rechazó versiones que han circulado en redes sociales, que publicó la asociación civil “Morelos Rinde Cuentas”, que señalan que algunos funcionarios de la actual administración, y que pertenecen al gabinete, no han hecho las declaraciones; informó que la Contraloría no tiene considerado iniciar algún proceso en contra de esa agrupación y, en su momento, analizará la dependencia correspondiente la procedencia de algún recurso.

“Las declaraciones de las y los funcionarios del gobierno del estado se encuentran publicadas en el apartado de punto de interés, incluyendo la declaración del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien presentó su declaración el 27 de noviembre del año 2018, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, donde decretan que todos los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su presentación”, expresó.

De igual manera, el contralor informó que dichas declaraciones están publicadas en el portal de la Secretaría de la Contraloría y pueden ser consultadas conforme a la legislación en materia de transparencia.

El secretario informó que se iniciaron investigaciones en torno a 60 servidores públicos que ingresaron en la administración pasada (algunos de ellos siguen laborando en gobierno), y que no han cumplido con sus declaraciones patrimoniales.

La normatividad les da un plazo de 30 días a partir de haber sido notificados; de no cumplir, podrían ser acreedores a sanciones que pueden ir hasta la inhabilitación para ocupar cualquier función pública o, en su caso, la suspensión de los puestos que ocupan. Se trata de funcionarios con cargos que van desde directores y subdirectores, hasta jefes de departamento, de diversas secretarías y organismos públicos descentralizados.