El titular de la Secretaría de Obras del Gobierno de Morelos, Fidel Giménez Valdés, consideró que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “no es una institución confiable” e informó que está en curso una auditoría que ha revelado que la anterior administración, con recursos federales, pagó a empresas por obras no concluidas.
Tras el tropiezo de la fiscalía, que no logró la vinculación a proceso de tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y cuya resolución judicial fue apelada, señaló que en el caso de obras públicas se aportaron todos los elementos para sustentar cada una de las 17 denuncias promovidas en noviembre de 2018.
Señaló que personalmente supervisó cada una de las denuncias, pero expresó su desconfianza hacia la fiscalía anticorrupción, cuyo titular, Juan Salazar Núñez, fue colaborador cercanos del ex gobernador perredistas Graco Ramírez.
“Lo que sí sabemos es que no es una institución confiable la fiscalía anticorrupción, puesto que sabemos el origen del titular y sabemos que él era el consejero jurídico del ex gobernador Ramírez, entonces pues no es de extrañar que haya fallas y deficiencias en la investigación.
“En muchos de los casos han tratado que la investigación la hagan los propios denunciantes y eso, incluso, constitucionalmente es un error. Pero nuestras denuncias van sustentadas, tienen todos los elementos probatorios y se ha judicializado sólo una, no sabemos por qué, porque las 17 son por hechos exactamente iguales o muy similares, por adjudicar obras de montos muy grandes sin licitación, y hasta este momento sólo se ha judicializado una, y se pospuso la fecha de audiencia de formulación de imputación para el 2 de mayo y vamos a seguir muy pendientes, al igual que la Consejería Jurídica, y en su caso vamos a recurrir a todos los instrumentos legales que estén al alcance de los denunciantes”, dijo.
Subrayó que no se permitirá que haya impunidad ni tampoco defectos en la investigación, y en caso de que haya deficiencias, no se descarta recurrir a las instancias legales y hasta solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República, en virtud de que en nueve de las 17 denuncias promovidas por la Secretaría de Obras, está implicado el uso de recursos federales.
Por lo pronto, indicó que hay una auditoría en curso, en la que se revisan más de dos mil expedientes de obras, en la que se detectó que con recursos del programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) de 2016 y 2017 se pagó a empresas obras que no fueron concluidas y en los que se configuran conductas ilícitas, que en su momento serán denunciadas ante la Fiscalía General de la República.
